La reforma de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657 volvió a instalar el debate sobre las internaciones involuntarias, la protección de los derechos de los pacientes y las dificultades que enfrentan las familias para acceder a una atención adecuada. En ese contexto, la abogada especialista en Derecho Penal Rocío Cejas y la licenciada en Psicología, abogada y perito forense Mercedes Oller visitaron ADN de Radio, por LV11, donde analizaron los principales aspectos de la propuesta y sus posibles consecuencias.
Durante la entrevista en La Radio de los Santiagueños, las especialistas coincidieron en que cualquier modificación normativa debe contemplar tanto la necesidad de intervenir ante situaciones de crisis como el respeto por la dignidad, la libertad y el acceso a la salud de las personas.
Uno de los ejes centrales de la conversación fue la posibilidad de ampliar las herramientas de intervención sanitaria cuando una persona atraviesa una situación de salud mental que requiere atención urgente.
Las profesionales explicaron que la legislación sancionada en 2010 significó un cambio importante respecto de modelos anteriores, en los que las personas con diagnósticos psiquiátricos podían ser aisladas y estigmatizadas.
En ese sentido, Rocío Cejas recordó que la Ley 26.657 colocó a las personas como sujetos de derecho y buscó evitar que un diagnóstico fuera considerado, por sí mismo, motivo suficiente para justificar una internación.
Sin embargo, señaló que la aplicación de la normativa también expuso dificultades, especialmente en aquellos hogares donde existen situaciones vinculadas con consumos problemáticos, trastornos mentales graves o crisis recurrentes.
“Hay muchas situaciones, que es lo que plantea la reforma, en las que el Estado tiene que llegar antes”, sostuvo durante la entrevista.
La abogada remarcó que el debate no consiste en convertir la internación en una práctica habitual, sino en establecer mecanismos de atención oportunos para determinados cuadros.
“La internación es la excepción a la regla”, aclaró.
Internaciones involuntarias: qué cambios analizaron las especialistas
Uno de los puntos que generó mayor intercambio fue el criterio utilizado para disponer una internación sin el consentimiento de la persona.
Durante la entrevista, las invitadas explicaron que la legislación vigente contempla requisitos estrictos para adoptar esa medida y que la propuesta de reforma busca revisar las condiciones de intervención ante determinadas crisis.
Cejas planteó como ejemplo la situación de una familia que acompaña a un adolescente con conductas que podrían poner en riesgo su vida.
Según explicó, puede ocurrir que la persona sea evaluada en una guardia médica y que, al encontrarse estable en ese momento, se indique un tratamiento ambulatorio.
La preocupación, señaló, aparece cuando el entorno familiar considera que la crisis podría repetirse y no dispone de recursos suficientes para responder.
En ese sentido, explicó que la reforma, tal como fue presentada durante la conversación, permitiría considerar no solamente el estado del paciente al momento de la evaluación, sino también sus antecedentes y la evolución previsible del cuadro.
“Lo que plantea la reforma es poder llegar antes”, insistió.
Por su parte, Mercedes Oller se refirió a las inquietudes que genera la posibilidad de otorgar mayor participación a los profesionales médicos en la decisión de una internación involuntaria.
La psicóloga señaló que uno de los principales temores sociales está relacionado con el riesgo de restringir injustificadamente la libertad de una persona.
“Se tiene mucho miedo a este tipo de potestad que se le da, en este caso, a un médico”, expresó.
No obstante, aclaró que, según su interpretación de la propuesta, la decisión no quedaría librada exclusivamente a una evaluación aislada.
Durante su explicación, sostuvo que el procedimiento contemplaría la intervención de un psiquiatra, la revisión de un equipo interdisciplinario y un posterior control judicial.
“La internación no va a ser así nomás. Tiene varios controles”, afirmó.
Oller detalló que, conforme al mecanismo que describió, el equipo interdisciplinario debería contar con profesionales de distintas áreas, entre ellas Psicología y Trabajo Social.
También mencionó un control judicial dentro de las 24 horas y explicó que, si el juez considerara injustificada la medida, podría disponer la externación.
La especialista destacó que estas garantías resultan fundamentales porque una internación involuntaria implica una restricción de la libertad ambulatoria.
“Tampoco es tan fácil restringir la libertad de una persona porque sí”, remarcó.
Las invitadas coincidieron en que la protección de los derechos individuales debe mantenerse como principio central, incluso cuando exista una situación clínica que requiera una intervención urgente.
Prevención del suicidio, adicciones y el desafío de garantizar tratamientos
Otro de los temas abordados durante la entrevista fue la necesidad de fortalecer las políticas públicas de prevención y ampliar el acceso a los servicios de salud mental.
Ante una consulta sobre la problemática del suicidio, especialmente entre adolescentes y jóvenes, las profesionales señalaron que la discusión legislativa debe acompañarse de herramientas concretas para detectar situaciones de riesgo y brindar atención.
Cejas sostuvo que las familias necesitan respuestas cuando enfrentan crisis que no pueden resolver por sus propios medios.
“Hay muchas familias que están desesperadas, hay veces que no se sabe cómo resolver el problema”, expresó.
En ese contexto, mencionó las dificultades que pueden presentarse ante consumos problemáticos de sustancias, cuadros psiquiátricos complejos y situaciones de violencia dentro del ámbito familiar.
Las especialistas también abordaron las adicciones comportamentales, particularmente la ludopatía y el crecimiento de las apuestas en plataformas digitales.
Cejas advirtió sobre la presencia constante de publicidad vinculada con el juego y consideró necesario incorporar acciones preventivas en distintos espacios de la vida cotidiana.
Entre ellos mencionó las escuelas, los hogares y otros ámbitos comunitarios donde se pueda informar sobre los riesgos asociados a estas conductas.
Oller, por su parte, hizo hincapié en las barreras económicas que enfrentan numerosas personas para iniciar o sostener un tratamiento psicológico o psiquiátrico.
“Hacerse tratamientos mentales es muy caro, es muy caro, y no es de acceso para todos”, señaló.
En esa línea, manifestó su expectativa de que una eventual reforma esté acompañada por la creación y el fortalecimiento de centros especializados, con profesionales y recursos suficientes para atender la demanda.
Para ambas invitadas, el desafío no se limita a modificar los criterios de internación, sino que también implica mejorar la prevención, la atención temprana y el acompañamiento de las familias.
Hacia el cierre de la conversación, las especialistas remarcaron que el debate debe evitar interpretaciones extremas: ni considerar que cualquier persona con un diagnóstico será internada ni desconocer las dificultades que atraviesan quienes necesitan asistencia.
La entrevista en ADN de Radio, por LV11 AM 890 y FM 88.1, permitió abordar una problemática que involucra aspectos médicos, psicológicos, jurídicos y sociales, con especial atención en la necesidad de garantizar una respuesta sanitaria oportuna sin dejar de proteger los derechos fundamentales de cada persona.
