Por Ariel Sequeira
Mal que le pese al establishment negacionista vernáculo, la justicia ofrece a quien quiera informarse objetivamente cifras, datos y detalles de los juicios por la verdad y la memoria, despejando dudas y desestimando falacias interesadas que aún hoy parecieran estar ligadas a los sectores autoritarios que ocuparon la escena nacional en los 70. Hoy vemos con cierto estupor que una parte de la sociedad argentina -en ella lamentablemente se puede distinguir a no pocos periodistas- reclama conocer lo que denominan: “La historia completa”. Obviamente se refieren al saldo luctuoso de la última dictadura cívico y militar que acaeció entre 1976 y 1982 en el país, dejando un saldo de 30.000 desaparecidos. Ese reclamo de historia completa, haciendo cierta gala de una enjundia falaz, pretendería poner en tela de juicio los crímenes cometidos desde el Estado, incluyendo la cifra de desaparecidos y muertos. Esas engañosas ansias de justicia, por el contrario, esconden un repudiable negacionismo cuyo único objetivo sería desestimar el terrorismo de Estado desatado durante el llamado Proceso de Reorganización Nacional.
Cada represor que en la actualidad purga una condena -en cárcel común o en su domicilio- fue sometido a juicio en tribunales ordinarios, respetando su derecho a defensa. Las condenas no hacen más que reflejar el funcionamiento pleno del Poder Judicial en todos sus estamentos. Y quien ose cuestionar estos hechos reclamando “La Historia Completa”, no hace más que una burda ostentación negacionista. Como dice una vieja canción: Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia… Metáfora que pone en tela de juicio cualquier intento de objetividad sobre la observación de nuestro pasado.
La revista Litigio, en una reciente investigación, asegura que desde el 2006 hasta el presente hubo 1254 personas condenadas por delitos de lesa humanidad en la Argentina. Durante la presidencia de Néstor Kirchner, los tribunales federales de todo el país dictaron 376 sentencias en las que resultaron condenadas más de mil personas. La fuente de estas cifras tiene su origen en la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad. Estas cifras nacen de la actualización trimestral de los datos remitidos a esta oficina por las fiscalías especializadas que intervienen en dichos procesos en las diferentes jurisdicciones.
La mencionada procuraduría informó además que en el mismo período unas 251 personas resultaron absueltas, mientras que 274 se encontrarían procesadas. Este relevamiento muestra que hoy se estarían desarrollando 9 juicios orales y públicos, mientras que en otras 59 causas estarían a la espera de la realización de los debates (están elevadas a juicio, pero no iniciaron) y otras 280 causas se tramitan en la fase de investigación preliminar. Resumiendo: la cantidad de detenidos sería de 509 personas, mientras que 33 permanecen prófugas.
En el país, desde la reapertura de los procesos judiciales -2006-, tras la nulidad e inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, más de 1.200 personas fueron condenadas por delitos de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado de la última dictadura. Haciendo un poco de historia, no es nada inapropiado recordar que el proceso más emblemático fue el Juicio a las Juntas del año 1985. Como consecuencia de estos juicios se condenó a los principales jerarcas militares, entre ellos Jorge Rafael Videla y Emilio Massera a prisión perpetua, además de penas menores para otros comandantes como Roberto Eduardo Viola y Armando Lambruschini. De los cientos de sentencias dictadas en todo el país, todas estuvieron a cargo de tribunales orales federales.
De los casi 1200 condenados, en su mayoría son miembros de las fuerzas armadas, de seguridad, más algunos civiles. La mayoría de los imputados hallados culpables recibieron prisión perpetua o penas de reclusión de cumplimiento efectivo por delitos como homicidio calificado, privación ilegítima de la libertad, torturas reiteradas, desaparición forzada y apropiación de menores. Entre los más resonantes figuran el excomisario Miguel Osvaldo Etchecolatz, Alfredo Astiz, Jorge "El Tigre" Acosta y múltiples fallos por crímenes en centros clandestinos emblemáticos, como la ESMA, La Perla, Campo de Mayo y los Pozos de Banfield y Quilmes, que en la actualidad serían museos de la memoria. Actualmente, los procesos continúan con causas en etapa de instrucción, debates orales en curso y juicios pendientes en distintas jurisdicciones del país.
La historia completa no se trata en realidad de un ansia perentoria de justicia, por el contrario, son parte de un relato urdido por los negacionistas para poner en tela de juicio una verdad, una historia que se escribe y se seguirá escribiendo en los estrados de la justicia.
