Las doctoras Romina Vinocur y María José Corvalán, abogadas penalistas del Ministerio Público de la Defensa de Santiago del Estero, visitaron Actualidad Política, por Radio LV11, para explicar el trabajo de concientización que llevan adelante en escuelas de la provincia frente al nuevo régimen penal juvenil. El objetivo, remarcaron, no es generar temor entre los estudiantes, sino brindarles información sobre las consecuencias que pueden tener determinadas conductas y, al mismo tiempo, enseñarles cuáles son sus derechos y garantías.
La iniciativa lleva como consigna “Hablemos claro, hablemos con ellos” y comenzó a desarrollarse mediante encuentros con adolescentes de diferentes establecimientos educativos.
Según explicaron las profesionales, decidieron utilizar ese lema porque consideran que los propios jóvenes deben ser protagonistas de las explicaciones sobre una normativa que puede involucrarlos directamente.
“Ellos son los protagonistas, por decirlo de alguna forma, de esta ley y son quienes deben conocerla y a quienes debe explicárseles en forma detallada y clara de qué se trata”, señalaron.
“La idea no es generarles temor, sino información”
Uno de los objetivos centrales de las jornadas es mostrar mediante situaciones cotidianas que determinadas acciones que un adolescente puede interpretar como una broma o una “picardía” pueden tener consecuencias legales.
Las abogadas remarcaron que su intención no es que los estudiantes conozcan de memoria el Código Penal ni que comiencen a preguntarse permanentemente si cada conducta constituye un delito.
El objetivo es mucho más sencillo: generar conciencia sobre las propias acciones y sus posibles consecuencias.
“Cuando vayan a hacer algo, que se pregunten si está bien o está mal y desde ahí actúen o dejen de actuar”, explicaron.
Durante las capacitaciones utilizan ejemplos cercanos a la realidad adolescente para conseguir que los estudiantes comprendan la dimensión práctica del tema.
Uno de ellos son los celos dentro de una relación. Según explicaron, los celos en sí mismos no constituyen un delito, pero determinadas acciones derivadas de ellos pueden involucrar conductas penalmente relevantes, como lesiones, daños o restricciones ilegítimas de la libertad.
También mencionaron situaciones vinculadas con comprobantes de pago, amenazas, daños a bienes públicos o privados, estupefacientes, maltrato animal, conductas sexuales sin consentimiento y hechos relacionados con las nuevas tecnologías.
Las preguntas que aparecen en las escuelas
Vinocur y Corvalán aseguraron que encontraron una muy buena recepción entre los estudiantes.
Algunos llegan con mayor información y otros con muchas dudas, pero existe un denominador común: las preguntas suelen estar vinculadas con situaciones concretas.
“Preguntan: ‘¿Esto está bien?, ¿esto está mal?, ¿esto es delito?’”, explicaron.
Según señalaron, los adolescentes no suelen realizar un análisis jurídico o constitucional de la reforma. Lo que quieren saber es qué podría suceder frente a una determinada conducta.
Para las profesionales, uno de los mayores desafíos está precisamente en lograr que comprendan qué significa quedar involucrados en una investigación o proceso penal.
“Pueden conocer qué conductas están bien y cuáles están mal, pero recién están pudiendo hablar de lo que es tener conciencia de lo que esa acción puede implicar en su vida”, explicaron.
Derechos y garantías también forman parte de las charlas
Las capacitaciones no están enfocadas únicamente en advertir sobre posibles consecuencias.
Desde el Ministerio Público de la Defensa también buscan explicarles a los jóvenes qué derechos y garantías tienen en caso de quedar involucrados en una investigación penal.
Las abogadas sostuvieron durante la entrevista que el nuevo régimen modifica las condiciones en las que determinados adolescentes pueden quedar sometidos a un proceso penal y explicaron a los estudiantes cómo funcionaría el sistema según la nueva normativa.
También remarcaron que, de acuerdo con el régimen que describieron, la privación de la libertad no constituye la primera respuesta para todos los casos y existen medidas diferentes según la situación.
En los supuestos de mayor gravedad, explicaron que los adolescentes no compartirían establecimientos penitenciarios con adultos y mencionaron el funcionamiento en Santiago del Estero del Centro de Abordaje y Responsabilidad de Adolescentes (NEXO).
Estas explicaciones corresponden a la interpretación y exposición realizada por las profesionales durante la entrevista sobre el nuevo régimen.
Una iniciativa que nació desde la Defensa Pública
Las profesionales contaron que el proyecto surgió a partir de conversaciones con el defensor general, Dr. Enrique Biló.
Hay además una experiencia personal detrás de la propuesta: ambas son madres de adolescentes, algo que, según relataron, les permitió advertir las dudas que existen entre los jóvenes.
“Somos mamás de adolescentes. Eso es lo que ha abierto la puerta a nuestra preocupación y, por ende, a ocuparnos”, señalaron.
La iniciativa cuenta además con articulación con el Ministerio de Educación de Santiago del Estero, que facilita el contacto con las instituciones educativas.
El material también estará disponible para las escuelas
Durante su paso por Actualidad Política, Vinocur y Corvalán anticiparon que prepararon una capacitación virtual, una guía explicativa y material gráfico para ampliar el alcance de las jornadas.
Según explicaron, el contenido quedará disponible a través de los canales previstos junto al Ministerio de Educación, permitiendo que docentes y establecimientos educativos puedan acceder al material y trabajarlo con sus estudiantes.
También vienen combinando encuentros presenciales con conexiones virtuales para alcanzar a establecimientos del interior provincial a los que resulta más difícil llegar personalmente.
“Necesitan tomar conciencia”
Sobre qué conclusión obtuvieron después de las primeras experiencias con estudiantes, las profesionales resumieron el desafío en un concepto: conciencia.
“Necesitan tomar conciencia de las acciones que realizan y de las consecuencias que puede tener cada acción”, expresaron.
Y remarcaron que ese proceso necesita espacios tanto dentro de las instituciones educativas como, principalmente, en las propias familias.
La propuesta de “Hablemos claro, hablemos con ellos” continuará recorriendo establecimientos con un objetivo que las abogadas plantearon reiteradamente durante su visita a LV11: que los adolescentes tengan información antes de enfrentarse a una situación que pueda tener consecuencias jurídicas, pero que también conozcan sus derechos si alguna vez quedan involucrados en un proceso penal.
