La ciudad de Rosario vuelve a ser el epicentro de la polémica penal juvenil tras confirmarse la nueva detención del sicario que terminó con la vida del trabajador de estaciones de servicio, Bruno Bussanich. El procedimiento fue ejecutado por personal del Comando Radioeléctrico durante la madrugada del pasado domingo en la zona norte de la urbe santafesina, luego de que un llamado al servicio de emergencias 911 alertara a las fuerzas de seguridad sobre una serie de detonaciones de armas de fuego en las inmediaciones.
Al arribar al lugar, las patrullas policiales interceptaron al adolescente de 17 años —identificado formalmente en las actuaciones como Darian Maximiliano G.— mientras se desplazaba junto a otros dos sospechosos. Durante la requisa de urgencia, los agentes incautaron en poder del menor una pistola Bersa calibre .380 provista con un cargador que contenía nueve proyectiles con munición de punta hueca listos para ser utilizados, además de un segundo cargador de repuesto completamente abastecido con munición del mismo calibre.
El historial criminal del joven registra el atroz asesinato de Bussanich, perpetrado en el marco de una sangrienta ofensiva narcoterrorista que buscaba amedrentar a las autoridades provinciales. Debido a que el tirador tenía apenas 15 años al momento de gatillar, el sistema legal argentino lo consideraba penalmente inimputable. Esa imposibilidad técnica de procesamiento penal despertó el repudio de la sociedad y se consolidó como el principal argumento para que el arco político impulsara las reformas legislativas orientadas a modificar el régimen penal de minoridad.
Con posterioridad a aquel crimen, y tras verse involucrado en las investigaciones por los homicidios de choferes de taxis, el imputado prestó declaración testimonial bajo estricta reserva, aportando datos de relevancia para desarticular a las cúpulas de las organizaciones criminales que digitaban los ataques desde los pabellones carcelarios. Esa colaboración motivó su inclusión en el Programa Nacional de Protección de Testigos, siendo relocalizado en otra provincia de la República Argentina.
Sin embargo, el adolescente optó por abandonar voluntariamente la custodia federal asignada y regresó al territorio rosarino para reinsertarse en los circuitos delictivos. Tras este nuevo arresto en flagrancia, las autoridades judiciales competentes en materia de menores dispusieron el cese inmediato de su libertad ambulatoria y ordenaron su alojamiento preventivo en el Centro Especializado de Responsabilidad Penal Juvenil, bajo el régimen de prisión preventiva efectiva por el término de 60 días mientras avanza la nueva causa en su contra.
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