El Gobierno nacional profundizó su política de reclamo soberano en el Atlántico Sur al anunciar el inicio de procedimientos sancionatorios contra 15 nuevas empresas. Según comunicó la Oficina del Presidente, las firmas habrían participado en actividades de exploración y explotación hidrocarburífera no autorizadas en la plataforma continental argentina vinculada a las Islas Malvinas. La medida contempla acciones administrativas, diplomáticas y judiciales respaldadas por la Ley 26.659, e involucra no solo a las corporaciones extranjeras sino también a directivos, inversores y representantes legales participantes.
Las actuaciones impulsadas por la gestión del presidente Javier Milei buscan neutralizar el desarrollo de proyectos en la Cuenca Malvinas Norte llevados a cabo sin aval de las autoridades nacionales. Desde la Casa Rosada enfatizaron que estas medidas forman parte de un plan integral que busca inhabilitar comercialmente y aplicar responsabilidades penales o contravencionales a todos los actores económicos que operen de forma ilegítima en áreas bajo jurisdicción argentina.
A la ofensiva legal contra las petroleras se sumó una decisión estratégica en materia de Defensa e infraestructura. En paralelo con el comunicado, el Presidente instruyó al ministro de Economía, Luis Caputo, a incorporar en el proyecto del Presupuesto 2027 las partidas necesarias para dar prioridad a la construcción de la Base Naval Integrada. La iniciativa apunta a consolidar un enclave operativo de control y logística militar que refuerce la presencia argentina en el sector austral del país.
