El Tribunal Internacional del Derecho del Mar fijó para el próximo sábado 28 de noviembre la lectura del fallo concerniente a las medidas provisionales solicitadas por la República Argentina con el fin de frenar el proyecto de explotación petrolera Sea Lion, emplazado en la Cuenca Malvinas Norte.
El anuncio formal fue realizado por el presidente del organismo con sede en Hamburgo (Alemania), el magistrado camerunés Maurice Kamga, tras dar por concluidas dos intensas jornadas de audiencias orales en las que la delegación nacional expuso sus argumentos jurídicos.
El plazo fijado otorga una ventana de 17 días para la deliberación del cuerpo de jueces. La estrategia argentina busca detener de manera urgente las operaciones antes de que se inicie la perforación efectiva del lecho marino.
Las cuatro medidas cautelares solicitadas por la Argentina
Durante la exposición de los alegatos, el agente argentino y asesor legal de la Cancillería, Mario Oyarzábal, junto a los juristas Marcelo Gustavo Kohen y Nicolaas Jan Schrijver, fundamentaron la necesidad inminente de dictar cuatro resoluciones de emergencia:
Freno a la explotación: Impedir de manera inmediata el inicio o la continuidad de cualquier tarea de explotación hidrocarburífera en el marco del proyecto Sea Lion.
Resguardo de datos: Prohibir el uso y la comercialización de la información técnica obtenida mediante las prospecciones y exploraciones de recursos naturales en la zona disputada.
Protección ambiental: Garantizar la participación activa de Argentina en las acciones de protección del medio marino en el área del Atlántico Sur.
Estatus de no innovación: Exigir formalmente al Reino Unido que se abstenga de adoptar decisiones unilaterales que agraven el diferendo histórico.
Al respecto, el internacionalista Schrijver enfatizó ante los magistrados que "una vez se haya perforado el primer pozo de explotación, ya no habrá ningún statu quo que preservar. Sólo este tribunal puede actuar a tiempo para evitarlo".
Un proyecto extractivo de gran escala
El proyecto Sea Lion —cuya inversión definitiva fue aprobada en 2025— contempla una alianza entre la compañía israelí Navitas (65%) y la británica Rockhopper (35%). La iniciativa prevé extraer más de 300 millones de barriles de crudo en un lapso de 30 años a través de la instalación de 26 pozos y un complejo sistema de producción submarina.
Por su parte, el jurista Marcelo Kohen recordó ante el tribunal la vigencia de la Resolución 31/49 de la Asamblea General de la ONU, la cual insta a las partes en conflicto a no introducir modificaciones unilaterales mientras el archipiélago continúe registrado como un territorio no autónomo pendiente de descolonización.
La comitiva oficial argentina —integrada además por la embajadora en Alemania, Betina Pasquali de Fonseca, y la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzábal Murphy— remarcó que el pronunciamiento de Hamburgo será un paso clave dentro del procedimiento arbitral internacional que Argentina mantiene firme en defensa de la soberanía nacional sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.
