La Justicia resolvió elevar a juicio una grave causa contra Javier Ibáñez y Verónica Catán, una pareja de Estación Robles, departamento San Martín, acusada de haber sometido durante años a su hijo a presuntos abusos sexuales, violencia, amenazas y otras formas de sometimiento. Según la investigación, los hechos habrían comenzado en 2017, cuando la víctima tenía apenas 12 años, y se habrían prolongado hasta su mayoría de edad.
La investigación está a cargo de la fiscal Andrea Juárez y parte de los primeros episodios denunciados se habría producido en un contexto particularmente complejo.
Según la acusación, la mujer y su hijo visitaban a Ibáñez mientras este cumplía una condena de 13 años en la Unidad Penal N° 3 de Colonia Pinto por el abuso sexual de la hija de una expareja.
La hipótesis fiscal sostiene que durante aquellas visitas el hombre habría comenzado a abusar del adolescente y a amenazarlo para que guardara silencio.
Con el paso del tiempo, los episodios denunciados habrían continuado en una vivienda de Los Pereyra y posteriormente, desde 2020, en Estación Robles.
Una situación que se habría extendido durante años
De acuerdo con la investigación, una vez fuera del establecimiento penitenciario Ibáñez habría continuado ejerciendo violencia y sometimiento sobre el joven.
La causa también involucra a la madre de la víctima, aunque Catán sostiene que ella también era víctima de violencia de género y niega haber participado voluntariamente de los hechos que se le atribuyen.
La acusación no se limita a los presuntos abusos sexuales. Según la investigación, el adolescente habría sido obligado a trabajar para obtener dinero, realizando tareas como cortar leña y vender rosquitas y verduras, para posteriormente entregar lo recaudado.
Durante la pesquisa también declararon vecinos, quienes aportaron información sobre situaciones de violencia y las condiciones en las que observaban al joven.
Los hechos se habrían prolongado hasta 2024. Ese año, la víctima viajó a Río Negro para trabajar en la cosecha de cebolla.
Tras regresar a Santiago del Estero y reencontrarse con familiares maternos, relató lo que presuntamente había vivido y formalizó la denuncia en septiembre de 2024, cuando tenía 19 años.
La investigación incorporó además evaluaciones psicológicas realizadas al denunciante, cuyos resultados forman parte de la prueba que será analizada en el proceso.
Qué declaró la madre ante la Justicia
Catán también prestó declaración y describió episodios de violencia física, amenazas y control que, según sostuvo, habría ejercido Ibáñez.
Manifestó que el acusado la golpeaba cuando se resistía a sus órdenes y afirmó que en determinadas ocasiones impedía que ella y su hijo abandonaran la vivienda.
Su testimonio también incluyó graves situaciones de índole sexual que presuntamente involucraban al adolescente. Por tratarse de hechos denunciados cuando la víctima era menor de edad, se preservan los detalles explícitos de esas situaciones.
El relato fue incorporado al expediente y será evaluado junto con las restantes pruebas durante el proceso.
La acusación incluye los delitos de abuso sexual agravado por el vínculo, corrupción de menores y reducción a la servidumbre.
El juez rechazó los planteos de las defensas
En la última audiencia, las defensas solicitaron la nulidad de la acusación y plantearon la falta de mérito.
Catán reiteró que también habría sido víctima de violencia de género y negó haber participado de los hechos. Por su parte, Ibáñez cuestionó que los episodios denunciados pudieran haberse producido dentro del establecimiento penitenciario.
El juez de Control y Garantías Héctor Salomón rechazó los planteos defensivos y consideró que esas cuestiones deberán ser discutidas durante el juicio oral.
Entre los elementos que serán evaluados aparecen testimonios de familiares, vecinos, policías, integrantes del personal penitenciario y profesionales que intervinieron durante la investigación.
Finalmente, además de disponer la elevación de la causa a juicio, el magistrado prorrogó por seis meses la prisión preventiva de ambos acusados.
La resolución consideró que existiría riesgo de entorpecimiento de la investigación para los dos imputados y, en el caso de Ibáñez, también peligro de fuga.
