La situación procesal de Gerardo Caro, Matías Llado y Graciela Moyano sumó un nuevo capítulo dentro de la causa vinculada a Fürth Automotores. Según confirmaron sus abogados defensores, los tres imputados ya abonaron las cauciones económicas fijadas por el juez Gastón Merino, que en conjunto ascienden a $160 millones, pero hasta el momento continúan detenidos.
Merino había rechazado los pedidos de prisión preventiva y dispuesto la libertad de los tres bajo caución. Para Caro y Llado fijó garantías de $70 millones para cada uno, mientras que para Moyano estableció $20 millones.
Las defensas sostienen que esas condiciones económicas ya fueron cumplidas y cuestionan que las excarcelaciones todavía no se hayan hecho efectivas.
El escenario se desarrolla, además, mientras avanza la apelación presentada por el Ministerio Público Fiscal contra la resolución de Merino.
La Fiscalía apeló la decisión de Merino
El fiscal coordinador Juan Allende sostuvo que, después de analizar los fundamentos del fallo, el equipo fiscal decidió recurrirlo al considerar que los riesgos procesales planteados para solicitar las prisiones preventivas no fueron debidamente valorados.
Desde el Ministerio Público Fiscal mantienen que la investigación continúa abierta y que todavía existen medidas de prueba pendientes, motivo por el cual buscan una rápida revisión de la resolución.
La discusión quedó así planteada en dos frentes: por un lado, las defensas esperan que se efectivicen las libertades dispuestas por Merino; por otro, deberá resolverse el planteo de la Fiscalía contra esa decisión.
El fallo de Merino y la discusión por la asociación ilícita
Otro de los puntos centrales de la resolución estuvo relacionado con la figura de asociación ilícita.
Merino consideró que, en esta instancia, no estaban reunidos los elementos necesarios para sostener esa calificación respecto de Caro, Llado y Moyano.
Entre sus fundamentos, entendió que la participación conjunta de varias personas en distintos hechos no resulta suficiente por sí sola para configurar esa figura penal, sino que debe acreditarse una estructura organizada, un acuerdo previo y una finalidad destinada a cometer delitos indeterminados.
El magistrado sí consideró que existen elementos que justifican continuar investigando las presuntas estafas y profundizar las medidas probatorias para determinar cómo se habrían desarrollado las maniobras.
La Fiscalía cuestionó esa interpretación mediante su apelación y sostiene que los elementos incorporados permiten mantener su hipótesis sobre la presunta asociación ilícita.
Dos nuevos detenidos en la causa
Mientras los tres imputados aguardan que se haga efectiva su libertad, la investigación incorporó dos nuevas detenciones tras una serie de allanamientos.
Se trata de A. M. y Diego Spertino, a quienes la Fiscalía atribuye diferentes intervenciones en las maniobras bajo investigación.
Según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, M. habría participado en documentación vinculada con operaciones, mientras que Spertino habría tenido intervención en la captación de clientes y el cobro de dinero.
La acusación sostiene que nuevos testimonios y elementos obtenidos mediante el análisis de comunicaciones permitieron avanzar sobre ambos. Estas imputaciones forman parte de la hipótesis fiscal y deberán ser examinadas durante el proceso judicial.
La defensa de Llado cuestionó la demora
El abogado Miguel Torres, defensor de Matías Llado, cuestionó que su representado permanezca detenido después de haberse abonado la caución.
“Si algo le pasa a Llado, la responsabilidad será de la Justicia”, expresó el letrado al manifestar su preocupación por la demora.
Torres también cuestionó la rapidez con la que, según su postura, se tramitó la apelación fiscal y afirmó que todavía se encontraban vigentes los plazos para que las demás partes pudieran presentar sus propios recursos.
En ese marco, anticipó que las defensas podrían avanzar con planteos de recusación si consideran que persisten irregularidades en el trámite procesal.
Ruiz Alvelda: “La resolución está sobradamente fundamentada”
Por su parte, Guillermo Ruiz Alvelda, abogado de Gerardo Caro, reconoció el derecho de la Fiscalía a apelar, pero también cuestionó la velocidad con la que se concedió y elevó el recurso.
“La resolución está sobradamente fundamentada”, afirmó el defensor, quien destacó especialmente los argumentos utilizados por Merino para señalar que determinadas responsabilidades requieren una mayor profundización de la investigación.
Ruiz Alvelda presentó un planteo ante la Cámara para que la audiencia de apelación sea suspendida hasta que venzan todos los plazos procesales y las partes puedan ejercer sus derechos.
Además, anticipó que buscará incorporar nuevos testigos y avanzar sobre otras líneas relacionadas con el funcionamiento de la empresa y las eventuales responsabilidades que pudieran surgir de la investigación.
Así, la causa Fürth atraviesa una instancia decisiva: Caro, Llado y Moyano ya cumplieron, según sus defensas, con cauciones que totalizan $160 millones, pero continúan detenidos, mientras la resolución que ordenó sus libertades es discutida ante una instancia superior.
