La medida, implementada tras el cambio de gestión en la administración local, encendió las alarmas debido al masivo alcance que recae sobre el personal precarizado y prestadores de servicios. Desde distintos sectores gremiales y políticos cuestionaron duramente la oportunidad y el trasfondo de la resolución, advirtiendo que la interrupción de los vínculos laborales golpea de lleno a familias enteras en la previa de las fiestas de fin de año.
De acuerdo con los datos ventilados en torno al conflicto, el universo de afectados comprende a trabajadores con antigüedades que van desde los cuatro hasta más de una década de labor ininterrumpida en dependencias comunales,abarcando a perfiles profesionales, personal administrativo y operarios de servicios esenciales.
Reclamos y expectativa por la paz social
Ante este panorama de marcada tensión, las voces críticas apuntaron contra la falta de una evaluación pormenorizada de las funciones que cumple cada trabajador en el día a día operativo del municipio, diferenciando la planta activa de los compromisos políticos. Asimismo, se multiplicaron los pedidos para encauzar canales de diálogo que eviten profundizar el conflicto, resguarden los derechos adquiridos y garanticen la estabilidad de un sector que atraviesa momentos de absoluta vulnerabilidad laboral.
