La muerte de Eduardo «el Polaco» Groh Riemersma, el 27 de agosto de 2026, dejó un vacío humano difícil de llenar en El Montecito de los Canichones. Pero también abrió un escenario de interrogantes sobre el futuro de una asociación civil construida durante dos décadas alrededor del rescate y la protección de animales abandonados, enfermos y discapacitados. Apenas unas semanas después de su fallecimiento, la controversia por las solicitudes de registro de marcas vinculadas al refugio puso bajo la lupa a Toty Acuña, conocido por su actividad como proveedor. Ahora, la existencia de un ambicioso proyecto de reorganización institucional incorpora un nuevo capítulo a una historia que exige explicaciones.
El documento, titulado «Legado, misión, visión y plan de fortalecimiento», está fechado en septiembre de 2026 y lleva la identificación de la Asociación Civil Santiagueña El Montecito de los Canichones. Son nueve páginas que, bajo el propósito declarado de preservar la obra del Polaco, proponen una transformación de su funcionamiento administrativo, económico y operativo. No se trata simplemente de conseguir alimento, colaborar con rescates o mejorar instalaciones. El texto avanza sobre la estructura de funcionamiento de la entidad, sus mecanismos de recaudación, sus relaciones comerciales y la distribución de responsabilidades.
Y allí aparece el interrogante central: ¿qué papel desempeña Toty Acuña en esta iniciativa y con qué legitimidad pretende intervenir en decisiones que corresponden a los órganos de una asociación civil?
De proveedor a protagonista de una controversia institucional
El conflicto por las marcas ya había colocado a Acuña en el centro de las preguntas. Su intervención en solicitudes de registro vinculadas al nombre de El Montecito, y sus posteriores explicaciones públicas sobre una eventual cesión a la familia del fundador, abrieron una discusión sobre la legitimidad de esas gestiones.
Porque una cosa es proveer mercadería a una institución y otra muy distinta es adquirir derechos sobre su identidad comercial o intervenir en su conducción. La condición de proveedor no convierte a nadie en propietario del nombre, representante de los asociados ni administrador de su patrimonio.
Un proyecto que alcanza las compras, el dinero y los proveedores
Uno de los aspectos más sensibles aparece en el capítulo dedicado a la autosustentabilidad. Allí se propone desarrollar sistemas de padrinazgo con débito automático, alianzas empresariales, patrocinios, actividades generadoras de ingresos y convenios con fabricantes y distribuidores de alimentos.
También se contempla una tienda institucional, la comercialización de productos identificados con los Canichones, servicios complementarios y acuerdos estables de provisión.
Es precisamente en este punto donde la condición comercial de Acuña cobra especial importancia. Si una persona que mantiene negocios con la asociación participa simultáneamente en el diseño de sus mecanismos de compras, financiamiento o relaciones con proveedores, resulta indispensable establecer reglas claras para prevenir conflictos de intereses.
El documento incluso plantea compras mayoristas, convenios de provisión estable, control de existencias y medición de costos. Son decisiones que pueden modificar sustancialmente el funcionamiento económico de la entidad.
¿Quién seleccionaría a los proveedores? ¿Quién negociaría los precios? ¿Qué mecanismos garantizarían la competencia y la transparencia? ¿Seguirían participando los mismos comerciantes? ¿Tendría Acuña algún beneficio comercial, directo o indirecto, derivado de la implementación del proyecto?
Ninguna de esas preguntas encuentra una respuesta concreta en las nueve páginas examinadas.
La reorganización del poder dentro de El Montecito
Otro capítulo particularmente significativo es el referido a la organización institucional. El proyecto propone distribuir funciones entre distintas áreas: dirección institucional, bienestar animal, veterinaria, rescate y adopciones, administración y recursos, educación y comunicación e infraestructura.
La propuesta contempla responsables por área, suplentes, protocolos, reuniones periódicas y mecanismos de rendición. También establece una hoja de ruta para los primeros doce meses, comenzando por la regularización de autoridades y accesos, inventarios, presupuestos y control de fondos.
Es decir, el documento no se limita a formular principios generales. Propone intervenir en cuestiones concretas de conducción, administración, recursos y relaciones institucionales.
La existencia de un plan semejante no constituye por sí misma una irregularidad. Pero su legitimidad depende de algo fundamental: quién lo presenta, quién lo aprueba y quién queda facultado para ejecutarlo.
El Montecito es una asociación civil, no una empresa particular ni un emprendimiento comercial cuyo futuro pueda decidir unilateralmente un proveedor. Sus autoridades, competencias y procedimientos deben ajustarse al estatuto y a la legislación vigente.
Por eso, la Comisión Directiva tiene la responsabilidad de aclarar si este documento fue solicitado formalmente, si ingresó a consideración institucional, si fue debatido y si existe alguna resolución que autorice su implementación.
Las marcas y el proyecto: dos asuntos que exigen una explicación conjunta
La controversia marcaria y la propuesta institucional deben analizarse en conjunto, sin confundir hechos que todavía requieren comprobación.
Por un lado, se encuentran las gestiones de registro de marcas vinculadas a El Montecito, cuya titularidad, alcance y estado administrativo deben determinarse mediante los expedientes correspondientes. Por otro lado, aparece un proyecto que propone desarrollar nuevas fuentes de ingresos, patrocinios, productos institucionales y actividades identificadas con la organización.
La relación entre ambas cuestiones merece especial atención. ¿Quién tendría los derechos para utilizar comercialmente el nombre de El Montecito? ¿Bajo qué autorización podrían producirse y venderse artículos identificados con esa denominación? ¿Qué ocurriría si las marcas quedaran registradas a nombre de una persona o sociedad distinta de la asociación civil?
La promesa de una futura cesión no reemplaza la necesidad de acreditar derechos ni de documentar formalmente cualquier transferencia.
Y mucho menos habilita a confundir la identidad histórica de una institución con los intereses particulares de quienes mantienen relaciones comerciales con ella.
El legado del Polaco no es una oportunidad de negocios.
Hay una circunstancia que vuelve especialmente delicada esta controversia: el momento en que se desarrolla. El Polaco falleció el 27 de agosto y el proyecto fue elaborado durante septiembre, cuando todavía no había transcurrido mucho tiempo desde su muerte.
El propio documento reconoce que el fundador había sostenido personalmente buena parte de los rescates, la logística, la comunicación y la recaudación. Su ausencia exigía respuestas urgentes, pero también un cuidado extraordinario para que las decisiones sobre el futuro del refugio fueran adoptadas con legitimidad institucional.
Durante veinte años, El Montecito construyó una identidad pública asociada a la protección de animales que difícilmente encontraban otro lugar. Esa trayectoria no puede confundirse con una marca disponible para cualquier interesado ni con una estructura económica abierta a decisiones particulares.
La memoria del fundador merece algo más que declaraciones de admiración. Exige respeto por la institución que dejó, por sus integrantes, por los colaboradores que sostuvieron su tarea y, fundamentalmente, por los animales que dependen de su continuidad.
La Comisión Directiva debe dar explicaciones.
¿La Comisión Directiva conoce formalmente este proyecto? ¿Participó Acuña en su elaboración? ¿Fue convocado como asesor, colaborador o proveedor? ¿Existe algún acta que respalde esa participación? ¿Se evaluaron posibles conflictos de intereses? ¿Quién autorizó las gestiones marcarias y bajo qué documentación?
Y una pregunta todavía más importante: ¿quién está tomando actualmente las decisiones sobre el patrimonio, los recursos, los contratos y la identidad de El Montecito de los Canichones?
No se trata de impedir que una asociación civil reciba colaboración externa ni de descalificar cualquier intento de profesionalizar su funcionamiento. Se trata de establecer una frontera indispensable entre ayudar a una institución y pretender ejercer facultades que no corresponden.
La transparencia que el propio proyecto proclama debería comenzar por revelar quién lo impulsó, quiénes lo respaldan y qué participación tendrán los actuales proveedores en su eventual ejecución.
Nadie hereda la autoridad del Polaco por haberle vendido mercadería.
El Montecito no nació de una operación comercial. Fue construido a partir de años de trabajo, sacrificios personales, rescates y una comunidad que acompañó a su fundador.
La muerte del Polaco no transfirió automáticamente su autoridad moral a ningún comerciante, proveedor o colaborador. Tampoco convirtió su legado en una oportunidad para apropiarse de una denominación o intervenir sin mandato en el destino de la asociación.
Toty Acuña tiene derecho a explicar sus gestiones, acreditar los fundamentos de cualquier solicitud marcaria y aclarar su eventual participación en el proyecto de reorganización. La Comisión Directiva, por su parte, debe establecer públicamente cuáles son las decisiones adoptadas y qué autorizaciones existen.
Porque detrás de las marcas, los convenios, los presupuestos y las propuestas de fortalecimiento hay una institución que no puede quedar atrapada entre intereses particulares y decisiones poco transparentes.
La pregunta que queda abierta es tan sencilla como contundente: si Toty Acuña es un proveedor, ¿quién le dio autoridad para intervenir en el futuro de El Montecito? Y si nadie se la dio, ¿qué alcance real tienen sus iniciativas?
El legado del Polaco merece respuestas documentadas, no solamente buenas intenciones.
