La falta de políticas públicas, las dificultades para acceder a asistentes personales y las barreras en el trabajo, la vivienda y el transporte condicionan la vida adulta de las personas con discapacidad que requieren apoyos intensivos en Argentina. Así lo advierte una investigación de la Red de Asistencia Legal y Social (RALS), que también pone el foco en la sobrecarga económica, física y emocional que enfrentan las familias ante la ausencia de respuestas suficientes.
El informe, titulado “Entre la autonomía y la supervivencia: desafíos en la construcción de la vida adulta de personas con discapacidad con altas necesidades de apoyo en Argentina”, reúne testimonios de personas con discapacidad y familiares para analizar las dificultades que encuentran al momento de construir un proyecto de vida propio.
Uno de los principales planteos de la investigación es que alcanzar la adultez no siempre significa poder tomar decisiones sobre cuestiones cotidianas, elegir dónde vivir, administrar el dinero o participar de actividades sociales.
Según RALS, la falta de un sistema de apoyos adecuado provoca que muchas de estas posibilidades dependan de los recursos económicos de cada familia, la cobertura de salud disponible y el lugar de residencia.
En ese contexto, el estudio identifica situaciones de infantilización, una práctica que consiste en tratar a personas adultas con discapacidad como si no pudieran expresar sus preferencias o decidir sobre sus propias vidas.
Ana, de 53 años, con discapacidad motora e intelectual, compartió una experiencia que refleja esta problemática.
“Yo soy una persona y entiendo (...) Me gustaría que mi mamá me deje ser un poco más libre. Que deje que yo elija lo que quiero hacer”, expresó.
La investigación señala que estas situaciones pueden presentarse tanto en el ámbito familiar como en instituciones y espacios de atención médica, donde algunas personas con discapacidad quedan excluidas de conversaciones y decisiones que las involucran directamente.
Las dificultades para acceder a asistencia, trabajo y vivienda
Uno de los problemas más importantes identificados por RALS es la falta de una regulación integral de la figura del asistente personal, cuya función es brindar apoyo para desarrollar actividades cotidianas sin reemplazar la voluntad de quien recibe la asistencia.
El informe explica que muchas familias deben realizar numerosos trámites ante obras sociales y empresas de medicina prepaga para conseguir la cobertura de estos servicios.
En algunos casos, incluso necesitan recurrir a reclamos administrativos o judiciales, mientras que las demoras en los pagos y la falta de trabajadores capacitados dificultan mantener la asistencia.
La situación presenta mayores complicaciones en determinadas regiones del país, donde la disponibilidad de profesionales es limitada.
“En mi ciudad ni existen los asistentes personales (...) Además, si les pagan, les pagan dos mangos. Y les pagan en seis meses. ¿Qué le puedo exigir yo?”, relató Pablo, de 34 años, una persona con discapacidad motora que reside en el Noroeste argentino.
A estas dificultades se suman las barreras de accesibilidad en calles, veredas, edificios y medios de transporte, que pueden impedir actividades tan habituales como hacer compras, asistir a una consulta médica o participar de encuentros sociales.
Gabriela Bruno, de 49 años, referente y activista en discapacidad del Litoral argentino, describió cómo la falta de infraestructura accesible limita su independencia.
“A mí me encantaría poder ir en la silla de ruedas al súper. Tengo el súper a dos cuadras. Pero es una batalla imposible, porque las veredas no te lo permiten”, manifestó.
El acceso al empleo también aparece entre los principales obstáculos.
De acuerdo con el estudio, las personas con discapacidad que necesitan apoyos intensivos enfrentan prejuicios, escasas oportunidades laborales y dificultades para compatibilizar determinados beneficios de protección social con un trabajo registrado.
Esta situación puede generar temor a perder ingresos necesarios para afrontar tratamientos y servicios de asistencia.
“Me gustaría tener un trabajo fijo y poder manejar mi plata yo sola”, expresó Ana en otro de los testimonios recuperados por la investigación.
El informe también advierte que la falta de apoyos y accesibilidad afecta la posibilidad de construir vínculos afectivos, desarrollar una vida sexual autónoma, formar una familia y elegir dónde y con quién vivir.
La sobrecarga de las familias y el desafío de garantizar derechos
Otra de las conclusiones del trabajo es que la responsabilidad de organizar los cuidados recae principalmente sobre las familias y, dentro de ellas, especialmente sobre las mujeres.
Además de acompañar las actividades cotidianas, muchas personas deben coordinar tratamientos, conseguir profesionales, gestionar prestaciones, realizar trámites y afrontar gastos que no siempre son cubiertos por las obras sociales.
Esta acumulación de responsabilidades puede afectar la salud física y emocional de quienes cuidan, además de limitar sus posibilidades laborales, educativas y de descanso.
Eugenia, de 63 años, familiar de una persona con discapacidad, describió esa exigencia como la necesidad de convertirse en “una especie de pulpo” para responder a todas las demandas.
El informe también plantea una preocupación a largo plazo: qué ocurre cuando los familiares que brindan los apoyos envejecen, atraviesan problemas de salud o ya no pueden continuar con esas tareas.
Ante la falta de alternativas comunitarias, algunas familias temen que la institucionalización termine convirtiéndose en la única posibilidad.
Frente a este panorama, RALS propone avanzar desde una “autonomía de supervivencia” hacia una “autonomía de derecho”.
La primera expresión describe las situaciones en las que las personas desean tomar decisiones y desarrollar proyectos propios, pero carecen de los recursos y apoyos necesarios para concretarlos.
En cambio, la autonomía como derecho implica garantizar condiciones reales para elegir cómo vivir, participar de la comunidad y ejercer derechos en igualdad de condiciones.
Entre sus recomendaciones, la organización plantea la necesidad de crear un sistema integral de cuidados y apoyos, regular la asistencia personal, mejorar la accesibilidad y ampliar las oportunidades de inclusión laboral.
También propone desarrollar alternativas habitacionales comunitarias, simplificar los trámites para acceder a prestaciones y revisar las incompatibilidades que puedan existir entre el empleo formal y determinadas medidas de protección social.
La investigación concluye que la autonomía no significa necesariamente realizar todas las actividades sin ayuda, sino tener la posibilidad de decidir sobre la propia vida y contar con los apoyos necesarios para llevar adelante esas decisiones.





