El técnico en emergencias médicas Augusto Manuel Pacicco, de 39 años de edad, fue condenado a la pena de dos años de prisión de cumplimiento efectivo por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 de Córdoba. El imputado, procesado por actuar como intermediario en la comercialización de estupefacientes en la localidad de Embalse, solicitó expresamente a los magistrados no recibir el beneficio de la libertad condicional.
La investigación penal, instruida por la Fiscalía Federal N°1 de Córdoba a cargo de Maximiliano Hairabedian, determinó que el acusado facilitaba los contactos entre proveedores y consumidores de cocaína en la región, recibiendo como contraprestación porciones de sustancia para su consumo personal debido a un cuadro severo de adicción.
Impacto de la adicción y solicitudes judiciales
El procesado había perdido su empleo como prestador del organismo de jubilados PAMI y se encontraba en situación de calle al momento de su detención, ejecutada en abril de 2025 por la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA). Durante el debate, el defensor oficial Rodrigo Altamira solicitó la ejecución condicional de la pena por tratarse de un primer delito con expectativa menor a los tres años de reclusión.
Sin embargo, el acusado presentó un documento manuscrito ante los jueces Facundo Zapiola, Cristina Giordano y José Camilo Quiroga Uriburu donde desistió de la libertad para garantizar su continuidad en los dispositivos de asistencia médica institucionalizados.
"No me siento apto para reinsertarme en la sociedad. Quiero cumplir con el debido tratamiento psicológico y psiquiátrico para así poder, al término de la condena, salir sin el tormento de ir y firmar todos los meses", ratificó Pacicco ante el tribunal durante el uso de la última palabra, señalando la carencia de vivienda y empleo estable como factores de riesgo de reincidencia.
Condenas a los eslabones de la organización
La resolución judicial dispuso el traslado del paramédico al Servicio Penitenciario de forma inmediata. Asimismo, el tribunal dictó sentencia para los demás eslabones de la cadena de distribución investigada por las fuerzas de seguridad federales.
La mujer sindicada como la comercializadora principal de la estructura delictiva recibió una pena de cuatro años y seis meses de prisión, mientras que el proveedor encargado de coordinar el traslado de los cargamentos de cocaína desde la localidad de Orán, provincia de Salta, mediante la utilización de encomiendas postales, fue condenado a seis años de cárcel.
