Las declaraciones del vocero presidencial Adrián Ravier reabrieron el debate nacional sobre la venta de campos a capitales extranjeros. Durante una conferencia en Casa Rosada, el funcionario defendió la eliminación de los topes a la propiedad rural extranjera dispuestos por el DNU 70/2023, argumentando que la llegada de inversiones no vulnera la soberanía nacional ni modifica la jurisdicción argentina sobre los inmuebles.
La controversia gira en torno a la derogación de la Ley de Tierras Rurales de 2011. Aquella normativa fijaba un límite máximo del 15% para la titularidad de tierras en manos extranjeras a nivel nacional, provincial y municipal. Desde el Ejecutivo nacional sostienen que la remoción de dichas restricciones resulta clave para atraer inversiones de largo plazo en áreas estratégicas como la producción agropecuaria, la infraestructura vitaria y la forestación.
El debate político y judicial continúa abierto tras un pronunciamiento de la Corte Suprema. Mientras que desde el Gobierno ratificaron que el régimen especial para zonas de seguridad de frontera sigue vigente y resguardado, la discusión sobre la preservación de recursos estratégicos se mantiene activa tras revocarse una cautelar que frenaba la aplicación del decreto oficial.
