El caso de Ángel López, el niño de 4 años asesinado en Comodoro Rivadavia, sumó un nuevo capítulo tras la denuncia penal contra dos psicólogas que intervinieron en el proceso de revinculación con su madre.
La acusación fue impulsada por la Fundación Más Vida y alcanza a Jennifer Leiva y Vanesa Marín, quienes elaboraron informes considerados “claves” para que la Justicia otorgara la tenencia del menor a Mariela Altamirano.
Según la presentación, las profesionales habrían incurrido en los delitos de violación de los deberes de funcionario público e informe falso, al recomendar la convivencia del niño con su madre pese a las condiciones en las que se encontraba.
Desde la organización sostienen que las psicólogas no habrían realizado un informe ambiental completo, lo que podría haber advertido sobre las falencias del entorno en el que viviría el menor.
Además, remarcaron que Altamirano ya había perdido la tenencia de otro hijo anteriormente y que el niño había mostrado cambios de comportamiento antes de la mudanza, según reportes escolares.
Por el crimen, tanto la madre como su pareja permanecen detenidos con prisión preventiva, mientras avanza la investigación judicial.
El caso generó una fuerte conmoción social y abrió un debate sobre los controles en los procesos de revinculación familiar y el rol de los profesionales intervinientes en decisiones clave para la protección de menores.
