Caso Nisman: a 11 años, la Justicia apunta a la inteligencia del Ejército y al encubrimiento político

A más de una década de la muerte de Alberto Nisman, la investigación judicial entra en una fase decisiva. La Justicia federal refuerza su avance sobre una de las líneas más sensibles del expediente: la participación de inteligencia ilegal y las maniobras políticas para encubrir el asesinato. Ya se considera probado que la muerte del fiscal fue un crimen vinculado directamente a su función como investigador del atentado a la AMIA y a su denuncia contra Cristina Kirchner por el Memorándum con Irán. El foco actual está puesto en un pequeño grupo de agentes de inteligencia del Ejército que estuvieron en las inmediaciones del departamento de Nisman en las torres Le Parc durante el fin de semana del 18 de enero de 2015, horas antes de que apareciera con un disparo en la cabeza. Los espías en la mira En los últimos meses, comenzaron a declarar como testigos integrantes del área de inteligencia militar operativa de aquella época. Hasta el momento, ya prestaron testimonio al menos 15 agentes, cuya identidad se mantiene bajo reserva, aunque la investigación apunta a un grupo específico cuyos teléfonos fueron geolocalizados en la zona de Puerto Madero ese fin de semana. La hipótesis judicial es que estos efectivos, que respondían a la fuerza comandada entonces por César Milani, podrían haber estado realizando inteligencia interna prohibida por ley, cumpliendo órdenes ilegales. El "plan criminal" y la citación a Fein La segunda gran línea de investigación busca determinar las responsabilidades políticas detrás del encubrimiento. Los investigadores sostienen que existió un "plan criminal" diseñado para "desviar la atención de la hipótesis homicida" y hacer pasar el asesinato como un suicidio. Para profundizar en esta trama, se esperan novedades fuertes para la primera mitad de 2026. El punto de partida será la declaración indagatoria de la ex fiscal Viviana Fein, quien estuvo a cargo de la primera etapa de la causa, programada para fines de febrero. Se le imputa, junto a otros funcionarios como Sergio Berni y jefes policiales, la falta de preservación de pruebas en la escena del crimen y el desvío de la investigación. Un crimen sin culpables identificados A 11 años del hecho, y a pesar de que la Cámara Federal confirmó en 2018 que se trató de un asesinato, aún se ignora la identidad de los autores materiales e intelectuales del crimen. La Justicia federal sostiene que hubo acciones deliberadas desde el poder político y sectores de inteligencia para impedir que se investigara la verdad, incluyendo órdenes de la ex SIDE para espiar a la propia fiscalía que investigaba la muerte. Hasta ahora, el único procesado directo es el técnico informático Diego Lagomarsino, dueño del arma que terminó con la vida del fiscal.