Confesó abusos a menores y cumple prisión domiciliaria: denuncian graves irregularidades en la causa

Un ex instructor de Bomberos de la provincia de Córdoba, acusado de múltiples delitos sexuales contra menores y que habría reconocido los hechos, se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria, en medio de fuertes cuestionamientos a la investigación judicial. La querella denunció graves irregularidades en el accionar de la fiscalía a cargo de la causa, encabezada por la fiscal Juliana Companys. La investigación contra Rodrigo Santi se inició meses atrás, luego de que varias víctimas denunciaran abusos ocurridos durante prácticas para ingresar al cuartel de Bomberos. Según consta en la causa, el acusado enfrenta cinco imputaciones: tres abusos sexuales simples contra menores, tenencia de pornografía infantil y un abuso sexual agravado con acceso carnal en concurso con corrupción de menores. José Tomás Corigliano, abogado de la familia de una de las víctimas, aseguró que el expediente avanzaba con normalidad hasta fines de octubre, cuando se produjo un cambio clave en la defensa del imputado. El nuevo abogado, Alejandro Bianco, había trabajado previamente en el equipo de la fiscal Companys, se matriculó en julio como abogado, renunció a su cargo y luego asumió la defensa de Santi. “Instruyó la causa y después lo defendió. Es una locura. Conocía todos los movimientos del expediente”, afirmó el letrado, quien sostuvo que desde ese momento comenzaron los inconvenientes con el acceso al expediente digital. Según la querella, el 19 de noviembre, tras un pedido de la defensa por presuntos problemas de salud mental, la Justicia le otorgó a Santi el beneficio de la prisión domiciliaria. Sin embargo, las víctimas y sus abogados se enteraron recién cinco días después de que el acusado ya se encontraba en su domicilio. Otro de los puntos más controvertidos fue la falta de control electrónico durante ese período. Corigliano denunció que Santi permaneció varios días sin tobillera electrónica, lo que le habría permitido circular libremente por la zona. “Recibimos mensajes de vecinos que alertaban que salía a hacer compras y a buscar pedidos. Recién la semana pasada se confirmó que tenía tobillera, a través de un comunicado de la fiscalía”, sostuvo. Además, el abogado cuestionó un acuerdo alcanzado entre la fiscalía y la defensa para realizar un juicio abreviado con una pena de ocho años de prisión, cuando —según la gravedad de los hechos— Santi podría enfrentar una condena de entre 12 y 14 años. El caso generó una fuerte conmoción y renovó el debate sobre el funcionamiento del sistema judicial, los controles en causas de abuso sexual contra menores y la transparencia en la actuación de los funcionarios judiciales.