Las cámaras de la industria pesquera presentaron ante la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesqueros de la Nación un pedido de intervención urgente debido al crítico deterioro de sus costos operativos. El eje del reclamo se centra en el incremento del precio del gasoil, el cual ya acumula una suba superior al 40% en los primeros meses de 2026, una cifra que pulveriza cualquier planificación empresarial y pone en riesgo la continuidad de más de 43.000 puestos de trabajo.
El sector, que genera divisas por más de 2.000 millones de dólares anuales, enfrenta una realidad donde el combustible representa entre el 20% y el 45% del gasto total de un buque. A diferencia de lo ocurrido el año pasado, la velocidad de los aumentos actuales ha superado la inflación, dejando a las empresas sin margen de maniobra. "Estábamos al borde del precipicio y con esto del gasoil dimos un paso al frente", graficó con crudeza un dirigente del sector.
Carga tributaria y desventaja internacional
La presión sobre la rentabilidad se agrava por el componente impositivo: el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) incide en un 15,8% sobre el precio final, sumado al 0,9% del tributo al CO2. Mientras la Argentina mantiene estos gravámenes, países competidores como España han implementado rescates de 5.000 millones de euros y reducciones del IVA al 10%, y Uruguay estableció precios excepcionales para el gasoil marino para blindar su flota.
Esta asimetría internacional, sumada a la escalada bélica en Medio Oriente que encareció los fletes de contenedores, funciona como un arancel encubierto que resta competitividad a los productos argentinos en mercados clave como Europa, donde además el consumo en gastronomía y turismo ha registrado una marcada caída.
El "tiro de gracia" para la flota fresquera
La situación es terminal para las embarcaciones de menor escala. Para la flota costera y fresquera, que abastece directamente el consumo local, el aumento del combustible es definido como el "tiro de gracia". Las estadísticas ya reflejan este impacto: en el primer bimestre de 2026, las descargas en puertos como Mar del Plata cayeron casi un 40%.
Esta parálisis progresiva no solo afecta las exportaciones, sino que amenaza con desabastecer el mercado interno, lo que derivaría en un aumento inevitable de los precios del pescado en las góndolas locales. Aunque YPF anunció un paliativo temporal de 45 días para suavizar los traslados de precios, el sector considera que es una medida insuficiente para el problema de fondo.
El pedido formal al Gobierno Nacional
Ante la gravedad del escenario, las cámaras empresarias han solicitado formalmente tres medidas de emergencia:
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Exención transitoria del ICL y del impuesto al CO2 para el gasoil naval.
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Previsibilidad en los precios de los hidrocarburos destinados a la producción.
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Medidas de fomento para compensar el costo logístico internacional.
A pesar de la urgencia, el pedido choca con la postura de equilibrio fiscal de la administración nacional. La incertidumbre crece en las comunidades portuarias, mientras la industria advierte que, sin un alivio efectivo, la operatividad de gran parte de la flota nacional será inviable en el corto plazo.
