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Empresarios denunciaron ante el Consejo de la Magistratura al juez que suspendió la reforma laboral por presunto mal desempeño

01/05/2026

La entidad que nuclea a grandes y pequeños empleadores solicitó la suspensión del magistrado tras cuestionar su competencia en la causa iniciada por la CGT. Consideran que hubo irregularidades procesales y un apartamiento del derecho aplicable.

El titular del Juzgado del Trabajo N°63, Raúl Horacio Ojeda, fue denunciado por el MEAB tras haber hecho lugar a un amparo de la CGT contra la reforma laboral.

El Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB) formalizó una denuncia por presunto mal desempeño contra el juez Raúl Horacio Ojeda, titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N°63. La presentación ante el Consejo de la Magistratura surge tras la medida cautelar dictada por el magistrado, la cual suspendió de forma virtual la aplicación de la reforma laboral aprobada recientemente por el Congreso.

En el escrito, firmado por el titular del MEAB, Juan Méndez, se solicita la suspensión preventiva y posterior remoción del juez. La entidad sostiene que Ojeda habría incurrido en múltiples irregularidades procesales al intervenir en la causa iniciada por la Confederación General del Trabajo (CGT) contra la Ley N°27.802, conocida como de "Modernización Laboral".

Para los denunciantes, la competencia sobre dicha norma corresponde exclusivamente a la Justicia Federal y no al fuero laboral. Argumentan que la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal ya se había declarado competente, decisión que habría sido desconocida por el magistrado cuestionado.


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Cuestionamientos a la medida cautelar

El juez Ojeda emitió a fines de marzo una resolución que suspendió varios artículos de la ley con alcance colectivo. Desde el MEAB, organización que brinda asesoramiento legal y apoyo institucional a empresarios frente a conflictos gremiales, aseguran que la decisión fue tomada en pocos días y sin una sustanciación adecuada del expediente.

Según el escrito dirigido a Horacio Rosatti, presidente del Consejo de la Magistratura, las conductas del magistrado configurarían un cuadro de mal desempeño y pérdida de imparcialidad. Los empresarios sostienen que se vulneró el principio de división de poderes al frenar una normativa de origen legislativo sin observar los requisitos jurisprudenciales vigentes.

La denuncia ahora deberá ser analizada por la comisión correspondiente dentro del organismo encargado de controlar la conducta de los magistrados nacionales, en un contexto de fuerte puja judicial por la implementación de las nuevas normativas laborales.


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Asistente LV11