El Gobierno nacional sigue con cautela el anuncio de una ley de amnistía general en Venezuela y condiciona cualquier contacto oficial a que la iniciativa se concrete. Desde el Ejecutivo aseguran que recién entonces se abrirán canales institucionales con Caracas para avanzar en el regreso de los argentinos detenidos, con el caso del gendarme Nahuel Gallo como prioridad.
“Hasta que no suceda, vamos a esperar con prudencia”, expresan en Nación. En la Casa Rosada mantienen un fuerte hermetismo sobre el proceso de transición y ponen el foco en las tensiones internas dentro del gobierno de Delcy Rodríguez. Por ese motivo, la Cancillería no prevé gestiones diplomáticas hasta que existan señales concretas.
El anuncio fue realizado por la presidenta interina, quien adelantó el envío al Parlamento de un proyecto de amnistía con carácter urgente y el cierre del penal de El Helicoide. La iniciativa, que aún no tiene texto definitivo y excluye delitos graves, deberá ser tratada en una Asamblea Nacional de mayoría oficialista, un proceso que el Ejecutivo argentino sigue de cerca.
En el oficialismo ponen en duda la voluntad y la capacidad de avance del actual gobierno venezolano y advierten que los pasos dados hasta el momento se produjeron “bajo presión” de los Estados Unidos. En ese sentido, consideran clave el cumplimiento de los compromisos asumidos con Washington.
Desde Balcarce 50 remarcan que no habrá normalización del vínculo bilateral mientras haya argentinos detenidos en Venezuela y ratifican que no reconocen, por ahora, a la administración de Rodríguez como un gobierno regular. La Cancillería mantiene la recomendación de no viajar al país y continúa impulsando reclamos en foros internacionales.
