El gobierno de Javier Milei acelera su agenda en el Congreso, priorizando los negocios mineros por encima de los controles ambientales. La Libertad Avanza y los bloques dialoguistas solicitaron una sesión especial para este miércoles con el objetivo de aprobar la polémica reforma de la Ley de Glaciares, una iniciativa diseñada a medida para captar grandes inversiones a través del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
Para lograr debatir el proyecto en el recinto, el oficialismo necesita conseguir un dictamen de mayoría de forma exprés este martes en el plenario de las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales. Desde la bancada libertaria confían en reunir las firmas necesarias gracias al respaldo fundamental de sus aliados del PRO, la UCR y diversos bloques provinciales.
Debate silenciado y negocios en la mira
El veloz avance legislativo arrastra fuertes cuestionamientos. Durante las recientes audiencias públicas, el oficialismo limitó la participación de manera drástica: de los 100.000 ciudadanos inscriptos para debatir la reforma ambiental, solo permitieron la exposición de 400 oradores. Esta maniobra desató el repudio generalizado de las organizaciones ecologistas y de la oposición, quienes denuncian que se busca flexibilizar la protección de las reservas de agua dulce.
Sin embargo, la presión de los gobernadores provinciales resulta determinante para empujar la sanción. Mandatarios de jurisdicciones con fuerte interés extractivista, como Catamarca, San Juan, Salta y Mendoza, son los principales impulsores de esta modificación normativa que ya cuenta con la media sanción del Senado.
En cuanto a los números en la Cámara Baja, La Libertad Avanza asegura tener garantizado el quórum de 129 legisladores para abrir la sesión especial. Con el aporte de fuerzas provinciales y bloques aliados, el oficialismo proyecta superar los 130 votos afirmativos y convertir finalmente en ley la desregulación de los glaciares.
