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Federico Sturzenegger declaró un patrimonio de $970 millones y fondos en el exterior por USD 1,4 millones

10/03/2026

El titular de la cartera de Desregulación y Transformación del Estado presentó su declaración jurada de 2024, revelando un incremento patrimonial superior a los $900 millones. El documento destaca una fuerte dolarización de sus activos, con una gran proporción de fondos radicados en cuentas bancarias fuera del país.

El ministro Federico Sturzenegger informó una evolución patrimonial marcada por la tenencia de divisas y activos financieros en el exterior.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, reportó un incremento patrimonial de aproximadamente $970 millones durante el ejercicio 2024. Según la declaración jurada presentada ante los organismos de control, el funcionario del gabinete de Javier Milei informó poseer más de USD 1,4 millones en depósitos localizados en el exterior.

Estructura de activos y depósitos fuera del país

La documentación detalla que la mayor parte de la riqueza del economista se concentra en depósitos financieros e instrumentos de inversión. Un dato relevante es la persistencia de fondos fuera de la Argentina, una tendencia que ya se observaba en informes previos donde casi el 99% de sus depósitos estaban radicados en el extranjero. En reportes anteriores, de un patrimonio de $1.770 millones, más de $1.400 millones correspondían a activos financieros localizados fuera del país.

Polémica por contratos en la Cancillería

En paralelo a la difusión de sus activos, el ministro se encuentra bajo el foco público debido a una controversia que involucra a su esposa, María Josefina Rouillet. La Cancillería adjudicó de manera directa un contrato de más de $114 millones a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), entidad dirigida por Rouillet, para capacitar al personal diplomático durante 2026.

La oposición ha cuestionado duramente esta contratación por considerarla una "negociación incompatible con la función pública", basándose en los siguientes puntos:

Desde el Gobierno, el canciller Pablo Quirno defendió la legalidad del acuerdo, argumentando que la institución presta servicios desde 2018 y que se dio intervención a la Oficina Anticorrupción para garantizar la transparencia.

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