La situación judicial de Agostina Páez, la abogada argentina involucrada en un escándalo por gestos considerados racistas en la ciudad brasileña de Río de Janeiro, sumó un nuevo capítulo. La Policía del distrito confirmó que la joven fue imputada formalmente por el delito de injuria racial, tras concluir la investigación iniciada a partir del incidente ocurrido en un bar de la zona de Ipanema.
Según informaron las autoridades, el sumario policial fue cerrado y todo el material probatorio fue remitido al Ministerio Público Fiscal, que ahora deberá definir los próximos pasos del proceso penal. En el mismo expediente, una amiga de Páez, que la acompañaba al momento del hecho, fue sindicada por el presunto delito de falso testimonio, lo que complica aún más el escenario judicial del grupo.
Desde la fuerza de seguridad carioca difundieron un mensaje contundente a través de sus redes sociales oficiales: “El crimen no quedó impune, y en Río de Janeiro, el racismo no es un juego”, señalaron en una publicación realizada en la red social X (ex Twitter), reforzando la postura de tolerancia cero frente a este tipo de conductas.
En medio de la fuerte repercusión mediática que generó el caso, en las últimas horas comenzó a circular una nueva imagen del episodio. En el material audiovisual se observa a uno de los mozos del local realizando gestos obscenos y actitudes provocadoras dirigidas hacia las argentinas, una situación que la propia Páez había denunciado desde un primer momento.
“Se agarraban los genitales, nos señalaban y se reían. Ahí es cuando yo hago ese gesto”, había declarado anteriormente la abogada, al intentar contextualizar su reacción durante el altercado. La aparición de este video podría resultar clave para la estrategia de la defensa, ya sea para atenuar la acusación o reforzar el argumento de una provocación previa.
En paralelo, se conoció que la Secretaría de Estado de Administración Penitenciaria (SEAP) dispuso la colocación de una tobillera electrónica a Páez el pasado miércoles, como medida de monitoreo mientras avanza la causa en su contra. La abogada, de 29 años, continúa bajo seguimiento judicial en Brasil, a la espera de definiciones por parte del Ministerio Público.
