Ramiro Petros fue detenido durante la madrugada de este domingo en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, cuando regresaba a la Argentina. Fuentes judiciales indicaron a Nuevo Diario que la medida se concretó al momento de su ingreso al país, lo que generó una fuerte polémica en torno a su situación procesal.
Según pudo saber este medio, Petros fue interceptado cerca de las 3:30 en el área de Migraciones, luego de que el sistema informático arrojara una alerta con pedido de detención vigente. Sin embargo, su abogado defensor, Diego Lindow, cuestionó la legalidad del procedimiento y calificó la medida como irregular.
De acuerdo a lo explicado por el letrado, el pedido de detención había sido apelado oportunamente y la Cámara de Apelaciones concedió el recurso con efecto suspensivo, lo que —según remarcó— impedía cualquier tipo de privación de la libertad o restricción al momento del ingreso al país.
Lindow detalló además que Petros había regresado a la Argentina con la intención de ponerse a disposición de la Justicia y prestar declaración una vez finalizada la feria judicial. En ese sentido, afirmó que logró enviarle a su defendido una copia del decreto judicial que respaldaría la suspensión de la orden, aunque posteriormente perdió contacto con él tras la intervención de las autoridades migratorias.
Ante este escenario, el abogado adelantó que presentará un hábeas corpus para solicitar la inmediata liberación de Ramiro Petros, al considerar que la detención carece de sustento legal.
La retención estaría vinculada a una denuncia presentada por Corvalán, relacionada con una camioneta, causa a partir de la cual se habría solicitado originalmente el pedido de detención que ahora es motivo de controversia judicial.
Mientras se aguardan precisiones oficiales sobre su situación procesal, el caso vuelve a poner el foco en el alcance de las facultades de Migraciones, el cruce de alertas judiciales y la correcta aplicación de resoluciones con efecto suspensivo. Desde la defensa anticiparon que avanzarán con las presentaciones correspondientes para cuestionar la legalidad de la medida adoptada.
