La reforma laboral será uno de los ejes centrales de la agenda política de la próxima semana y el Gobierno nacional trabaja contrarreloj para llegar al Senado con el respaldo necesario antes de habilitar el debate en el recinto. La Libertad Avanza busca tener los votos asegurados durante la primera semana de febrero y evitar sobresaltos en una discusión que promete alta tensión política y sindical.
En ese marco, Diego Santilli avanza en la sistematización de las modificaciones solicitadas por los gobernadores, mientras que Josefina Tajes, asesora clave de Patricia Bullrich en materia laboral, mantiene reuniones técnicas con senadores dispuestos a colaborar con el oficialismo. Los cambios quedarán definidos en los próximos días, aunque aún no está claro si se presentará un nuevo dictamen o si las modificaciones se introducirán directamente durante la votación en el recinto.
Este lunes, Patricia Bullrich retomará la actividad legislativa tras sus vacaciones y volverá al Senado con una agenda cargada de reuniones con senadores aliados del radicalismo y de partidos provinciales. Allí se espera que confirme el alcance de las modificaciones y continúe recibiendo pedidos de ajustes al proyecto original.
Entre los cambios que el Gobierno estaría dispuesto a aceptar figura el reclamo de los gobernadores para morigerar el impacto fiscal de la iniciativa. En particular, se analiza extender de uno a dos años el plazo de reducción del 2,5% de la alícuota del impuesto a las Ganancias para sociedades, un tributo coparticipable que afecta de manera directa los ingresos provinciales. Pese a estas objeciones, los mandatarios aliados no pusieron en duda su apoyo político a la reforma laboral impulsada por Javier Milei.
En paralelo, el Gobierno mantiene canales de diálogo con la CGT a través de Santilli y de funcionarios de la Secretaría de Trabajo, encabezada por Julio Cordero. La relativa calma sindical es leída como parte de una negociación cruzada, aunque el oficialismo no tiene previsto modificar el capítulo sindical del proyecto.
La iniciativa mantiene la eliminación de los aportes solidarios, la creación del Fondo de Asignación Laboral como reemplazo de la indemnización tradicional y la ampliación de las actividades consideradas esenciales, medidas que limitan el derecho de huelga y generan un fuerte rechazo en el sindicalismo. Con este escenario, el Gobierno apuesta a consolidar apoyos políticos clave y avanzar en el Congreso sin abrir un frente de conflicto directo con la central obrera en el corto plazo.
