La organización no gubernamental Foro Penal, referente en la defensa de los derechos humanos en Venezuela, confirmó este domingo que al menos 80 presos políticos recuperaron la libertad en las últimas horas. El anuncio fue realizado por el director de la entidad, Alfredo Romero, quien señaló que los casos están siendo verificados y que el número “probablemente aumente” a medida que se concreten más liberaciones en diversas regiones del país.
Entre los excarcelados figura Kennedy Tejeda Jiménez, abogado voluntario de Foro Penal que se encontraba detenido desde el 2 de agosto de 2024 en el penal de Tocorón bajo cargos de “terrorismo” e “incitación al odio”, acusaciones que su defensa consideró arbitrarias.
Además, distintas organizaciones defensoras de la prensa reportaron la liberación de Juan Francisco Alvarado, estudiante de periodismo que había sido condenado a 15 años de prisión, una sentencia que fue anulada recientemente por una corte de apelaciones.
El proceso de liberaciones se produce en el contexto de un anuncio oficial de revisión de causas iniciado el 8 de enero por la administración encabezada por Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela. El propio Ejecutivo afirmó días atrás que 626 personas han sido liberadas hasta el momento, aunque fuentes independientes señalan que las cifras verificadas por Foro Penal son menores y continúan en actualización.
La discrepancia entre los registros oficiales y los de organizaciones civiles se mantiene, dado que Foro Penal ha verificado hasta ahora cerca de 156 liberaciones desde el inicio del proceso, sin contar las nuevas excarcelaciones reportadas este domingo.
Estas liberaciones se enmarcan en la profunda crisis política y social que atraviesa el país tras las denuncias de fraude en las elecciones de 2024 y la ola de detenciones posteriores, que han mantenido a cientos de opositores, activistas, periodistas y defensores de derechos humanos tras las rejas.
La situación sigue siendo objeto de seguimiento internacional, con llamados a mayor transparencia y verificación por parte de organismos multilaterales, mientras familiares de detenidos aguardan nuevas excarcelaciones y denuncian lentitud en el proceso.
