Por Xavier M. Ferrera Peña
Máster en periodismo y comunicación digital
El 24 de marzo no puede ser un botín simbólico ni una vidriera de vanidades. A medio siglo del golpe, la desinformación, los individualismos y la apropiación del “Nunca Más” degradan una fecha que pertenece al pueblo argentino. Recordar bien, con verdad, con justicia y sin mezquindad, sigue siendo una obligación colectiva y una deuda moral con las víctimas, con los desaparecidos y con las generaciones que vienen.
Hay fechas que no admiten propietarios. Hay dolores que no toleran gerentes. Hay tragedias que, cuando se las manosea demasiado, dejan de enseñar y empiezan a pudrirse en la superficie del discurso público. A 50 años del golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976, acaso el mayor peligro de esta hora no sea solamente el olvido. Hay algo peor, más sutil y más corrosivo: la degradación de la memoria en manos de la desinformación, del narcisismo político y de los individualismos que han convertido hasta el espanto en una mercancía de uso sectorial.
Por eso conviene volver a lo esencial. El “Nunca Más” no le pertenece a un partido, ni a una generación, ni a una consigna, ni a un gobierno, ni a una organización, ni a una tribuna. Como en aquel alegato de Julio César Strassera, el “Nunca Más” es patrimonio moral del pueblo argentino. Es una frontera ética levantada sobre el horror, una cláusula íntima de la democracia recuperada, una advertencia escrita con sangre, ausencia y dolor. Y cuando se la secuestra para la vanidad de unos pocos, cuando se la usa como sello de pureza o como contraseña de pertenencia, no se está haciendo memoria: se está cometiendo una nueva forma de profanación.
La Argentina llega a este medio siglo con una herida que no cerró del todo, pero también con una fatiga moral que inquieta. Las nuevas generaciones crecieron en un ecosistema saturado de fragmentos, slogans, videos de segundos, afirmaciones brutales sin contexto y discusiones en las que la ignorancia suele hablar con el mismo volumen que la verdad. En ese terreno, la historia pierde espesor, la memoria se vuelve decorado y el horror corre el riesgo de ser reducido a un paquete de opiniones intercambiables. Lo dramático no es solamente que muchos jóvenes no sepan con precisión qué ocurrió, cómo ocurrió y por qué ocurrió. Lo más grave es que, en demasiados casos, nadie se tomó el trabajo serio, honesto y responsable de explicárselos sin fanatismo, sin oportunismo y sin manipulación.
Ese vacío no nace solo de la desidia. También nace del uso mezquino del pasado. Durante años, demasiados actores trataron la memoria como capital simbólico propio. Algunos la usaron como escudo para evitar debates incómodos. Otros la convirtieron en contraseña de pertenencia. Otros, peor todavía, la explotaron como herramienta de conveniencia coyuntural: se invoca el pasado cuando conviene, se lo calla cuando molesta, se lo agita cuando rinde, se lo acomoda cuando incomoda. Así, en vez de consolidar una pedagogía democrática profunda, se fue incubando una distorsión. Lo que debía ser una conciencia común terminó siendo, demasiadas veces, un territorio de apropiación sectorial. Y cuando una fecha como el 24 de marzo deja de ser un llamado colectivo a la responsabilidad para convertirse en escenario de egos, de pases de factura o de competencia moral, el país entero retrocede.
Pero hay algo que no puede perderse en ningún debate serio: el legítimo dolor y la legítima indignación de las víctimas de la dictadura. Ese dolor no se discute, no se relativiza, no se administra desde la comodidad de una tribuna ni desde la frivolidad de una consigna. Está en las familias quebradas, en las vidas interrumpidas, en las biografías mutiladas, en los silencios que todavía pesan como una piedra sobre miles de hogares argentinos. Está en los expresos políticos que aún cargan en el cuerpo y en la memoria la marca de la persecución, del encierro, de la tortura, del despojo y del miedo, y que todavía hoy no encuentran los restos de sus desaparecidos. Está en la espera interminable de quienes no pudieron siquiera abrazar una tumba, cerrar un duelo, ponerle un nombre definitivo a la ausencia. Está en esa intemperie del alma que deja el terrorismo de Estado cuando ni siquiera devuelve a los muertos.
Y está, también, en la perseverancia conmovedora de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. En esas mujeres que hicieron de la ausencia una presencia moral. Que caminaron cuando tantos callaban. Que preguntaron cuando tantos agachaban la cabeza. Que sostuvieron la memoria cuando el miedo todavía mandaba. Que transformaron el dolor en dignidad pública y la búsqueda en una lección civil de alcance universal. Hablar del 24 de marzo sin nombrarlas sería una forma de mutilación. Porque si la democracia argentina tiene una reserva ética que la honra ante el mundo, una parte decisiva de esa autoridad se construyó en la obstinación, la valentía y la ternura feroz de esas madres y esas abuelas que nunca aceptaron ni el silencio, ni la mentira, ni la resignación.
Nadie que escriba o hable con honestidad sobre esta fecha puede pasar por encima de esa verdad humana. La memoria no puede construirse contra las víctimas ni al margen de ellas. No puede ser una gimnasia retórica despegada del padecimiento real de quienes vieron cómo el Estado convertía la clandestinidad, el secuestro, la tortura, la desaparición forzada, la apropiación de niños y el asesinato en método de gobierno. La responsabilidad principal, decisiva, criminal e indelegable de aquel horror fue del terrorismo de Estado. Fue el aparato estatal, capturado por una lógica de exterminio, el que llevó a la Argentina a uno de los abismos más siniestros de su historia. No hay simetría posible frente a eso. No hay atajo intelectual que permita licuar esa responsabilidad. No hay revisionismo serio que pueda borrar que fue el Estado el que transformó su maquinaria en una organización criminal.
Pero una memoria adulta tampoco puede conformarse con una explicación perezosa. No alcanza con señalar a los militares y dar por terminado el examen. El golpe fue cívico-militar por algo. Hubo complicidades, coberturas, silencios, cobardías, oportunismos y respaldos que no nacieron en un cuartel. Hubo sectores de la política que fueron irresponsables antes, durante y después. Hubo actores civiles que miraron para otro lado o que avalaron el horror en nombre del orden. Hubo intereses corporativos que celebraron el disciplinamiento. Hubo medios que justificaron, maquillaron o callaron. Hubo parte de la sociedad que creyó que la violencia podía ordenar lo que la democracia no resolvía. Hubo elites que consideraron aceptable el espanto con tal de preservar privilegios. Y hubo una cultura política degradada que incubó fanatismos, impotencias y ceguera moral mucho antes del 24 de marzo.
Decir esto no es empatar culpas. No es repartir responsabilidades en una licuadora moral. Es, por el contrario, asumir que si la Argentina quiere aprender algo verdadero de su tragedia, tiene que animarse a mirar el ecosistema completo del derrumbe. Porque los golpes de Estado no caen del cielo. Se incuban en climas, en discursos, en cobardías previas, en renuncias civiles, en incapacidades políticas y en una creciente naturalización del odio. Y si esa lección no se transmite, la democracia vuelve a quedar a la intemperie.
Por eso hace daño la desinformación. Hace daño cuando banaliza. Hace daño cuando recorta. Hace daño cuando reemplaza la verdad compleja por la consigna cómoda. Hace daño cuando siembra entre los más jóvenes la idea de que todo da lo mismo, de que toda versión vale igual, de que la historia es apenas un repertorio de relatos equivalentes. No, no da lo mismo. No toda versión tiene el mismo peso moral ni el mismo respaldo histórico. No todo es opinable cuando se trata del secuestro, la tortura, la desaparición y la maquinaria clandestina del exterminio. Y tampoco ayuda responder a la desinformación con catecismos vacíos, con automatismos partidarios o con memoriales sin pedagogía. A una generación criada entre pantallas y escombros narrativos no se la interpela con solemnidad hueca. Se la interpela con verdad, contexto, escucha, escuela, familia, conversación y ejemplo.
Allí aparece otra deuda argentina: la transmisión. Durante demasiado tiempo se creyó que la memoria sobrevivía sola, por calendario, por repetición anual, por inercia. Error. Nada sobrevive solo en una sociedad atravesada por la velocidad, la precariedad y la fragmentación. La memoria también necesita instituciones, lenguaje, paciencia y un trabajo casi artesanal. Necesita maestros preparados, familias dispuestas a hablar, medios responsables, dirigentes a la altura, universidades activas, sindicatos, clubes, parroquias, centros culturales y sobremesas donde el pasado no sea un objeto de museo ni un ladrillo doctrinario, sino una pregunta viva sobre qué país fuimos capaces de destruir y qué país todavía estamos obligados a construir.
Lo peor que puede pasarle al 24 de marzo es convertirse en una ceremonia vacía o en una plaza administrada por dueños de la sensibilidad. Porque entonces se ahuyenta precisamente a quienes más habría que convocar: a los que dudan, a los que no saben, a los que crecieron lejos de ese dolor, a los que recibieron versiones deformadas, a los que solo conocen el eco de una consigna pero nunca escucharon el espesor humano del espanto. Si la memoria democrática no es capaz de abrirse, de explicar, de persuadir y de conmover sin apropiarse del sufrimiento, terminará encerrada en un club de convencidos mientras el resto del país se vuelve tierra fértil para el cinismo.
Y el cinismo, en la Argentina, siempre fue un veneno eficaz. Ese gesto sobrador que reduce todo a una disputa de conveniencias. Esa comodidad de creer que cada conmemoración encubre un negocio. Esa displicencia frente al dolor ajeno. Esa tentación de usar la historia como arma arrojadiza. Ese cálculo miserable que pregunta qué rédito se obtiene de la memoria antes de preguntarse qué verdad se le debe a la sociedad. Todo eso corroe la genética cívica del país. Porque una nación se destruye no solo por los grandes crímenes, sino también por la acumulación de pequeñas degradaciones morales que vuelven imposible la vida en común.
La Argentina de hoy necesita menos propietarios del pasado y más servidores de la memoria. Menos administradores del dolor y más ciudadanos dispuestos a hacerse cargo de lo que significó romper el pacto básico de la convivencia. Menos exhibicionismo conmemorativo y más profundidad republicana. Menos oportunismo emocional y más responsabilidad intergeneracional. El 24 de marzo no debería ser una pasarela de superioridad moral. Debería ser un punto de encuentro severo, doloroso y honesto con aquello que jamás puede repetirse.
Más allá de los megajuicios a los genocidas, que fueron y siguen siendo un pilar civilizatorio de la democracia argentina, queda todavía una tarea más vasta y más incómoda. La tarea de recoger los restos de la historia. De recomponer una narrativa común que no niegue las diferencias, pero que tampoco entregue la memoria al mercado de las identidades ruidosas. De admitir que el país no fue solo víctima de unos monstruos uniformados, sino también rehén de sus propias fracturas, sus cobardías y sus fracasos cívicos. De entender que la democracia no se honra solo castigando a los verdugos, sino también construyendo una cultura pública donde el odio, la deshumanización y el fanatismo nunca vuelvan a parecer caminos aceptables.
Revivir la memoria en todos los ámbitos sin protagonismos individuales no es un ideal abstracto. Es una urgencia práctica. En la escuela, para que la historia no sea una lámina muerta. En la familia, para que el silencio no siga heredando confusión. En los medios, para que el rating no le robe dignidad al pasado. En la política, para que nadie crea que una fecha sagrada de la democracia puede ser utilizada como botín. En la Justicia, para que la verdad no se oxide. En la calle, para que la conmemoración no pierda pueblo. Y en la conversación cotidiana, para que los argentinos recuperemos la costumbre de hablar del país con menos resentimiento y más sentido de responsabilidad.
Porque si algo enseñó aquella oscuridad es que ninguna patria se salva desde el ego. Ninguna comunidad se reconstruye desde la venganza. Ninguna memoria colectiva sobrevive cuando se la encierra en una frontera partidaria o en una capilla ideológica. Las tragedias nacionales exigen una estatura que no siempre hemos tenido. Exigen renunciar al pequeño beneficio de la tribu para defender un principio mayor. Exigen comprender que hay dolores que deben unir en la condena y en la enseñanza, aunque dividan en otras discusiones. Exigen, en suma, una madurez que la Argentina todavía se debe.
A 50 años del golpe, la pregunta ya no es solo qué hicieron aquellos que desataron el horror. La pregunta es qué hacemos nosotros con la herencia de ese horror. Qué transmitimos. Qué callamos. Qué deformamos. Qué usamos en provecho propio. Qué dejamos caer por pereza, por fanatismo o por comodidad. La memoria no fracasa únicamente cuando se olvida. También fracasa cuando se la usa mal. Y tal vez esa sea la advertencia más necesaria de este aniversario: no basta con recordar; hay que recordar bien. No basta con condenar; hay que educar. No basta con marchar; hay que construir una conciencia democrática que resista el paso del tiempo, la ignorancia organizada y la mezquindad de época.
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Strassera no habló para un sector. Habló para la Nación. Y cuando pronunció aquel “Nunca Más”, no estaba entregando una contraseña para la apropiación sentimental de nadie: estaba fijando una frontera moral para todos. Esa frontera sigue en pie. Pero no se sostiene sola. Requiere coraje intelectual, limpieza ética y una humildad pública que escasea. Requiere entender, por fin, que la memoria no es un espejo para enamorarse de uno mismo, sino una intemperie donde un pueblo se mira para no volver a convertirse en aquello que lo deshonró.
Por eso, a medio siglo del 24 de marzo, la obligación no es posar ante la historia, sino merecerla. No es adueñarse del duelo, sino custodiarlo. No es usar el pasado para humillar al otro, sino para impedir que la Argentina vuelva a degradarse hasta el punto de considerar tolerable el terror. Y si todavía queda algún resto de grandeza cívica en este país, deberá expresarse en una decisión simple, severa e irrevocable: que el “Nunca Más” no sea jamás un eslogan, ni una coartada, ni un negocio, ni una medalla para vanidosos, sino un mandato común, sin dueños y sin excusas. Porque un país que convierte la memoria de sus muertos, el reclamo de sus madres, la perseverancia de sus abuelas y la espera interminable de quienes todavía buscan a sus desaparecidos en material para la mezquindad no solo falta a la verdad: se vuelve moralmente indigno de su propia historia.
