Por Xavier Ferrera Peña
El Gobierno nacional repite desde que asumió la misma promesa, con distintos envases pero idéntico contenido: falta poco, ya llega la recuperación, hay que aguantar, el esfuerzo valdrá la pena. Sin embargo, en la Argentina real la mejora siempre aparece corrida unos metros más adelante, como un horizonte tramposo que se aleja cada vez que la sociedad intenta acercarse. La esperanza oficialista, a fuerza de repetirse sin resultados palpables para la mayoría, dejó de sonar a futuro y empezó a parecerse demasiado a una coartada.
Porque mientras desde los atriles libertarios se recita la liturgia del equilibrio fiscal como si se tratara de una verdad sagrada, abajo se multiplican los síntomas de un país que no encuentra alivio. Cierran fuentes de trabajo. Crece el desempleo. Hay familias que ya no recortan consumos superfluos sino comida, tratamientos, controles médicos y proyectos de vida. Reaparecen enfermedades que deberían estar bajo control. Las obras sociales y prestadores crujen en sus cadenas de pago. Farmacias, clínicas, profesionales y pacientes quedan atrapados en una rueda asfixiante. Pero aun así el Gobierno insiste en vender éxito.
Y ahí aparece la primera gran obscenidad de este modelo: creer que una planilla ordenada alcanza para hablar de una sociedad ordenada. Un país no mejora porque un funcionario pueda exhibir una cifra prolija frente a una cámara. Un país mejora cuando su gente vive mejor. Cuando puede trabajar, comprar medicamentos, vacunarse, sostener una cobertura de salud, llegar a fin de mes y proyectar la semana siguiente sin terror. Si del otro lado del déficit cero hay comercios cerrados, empleos destruidos, pacientes esperando y familias ajustadas hasta el hueso, entonces lo que existe no es un milagro económico. Es una contabilidad sin alma.
Pero en estos días el problema dejó de ser apenas el contraste entre los números oficiales y la vida real. Se volvió también una radiografía brutal de la hipocresía del poder. Manuel Adorni quedó en el centro de la polémica después de que se conociera que su esposa, Bettina Angeletti, viajó con la comitiva oficial a Nueva York en el avión presidencial. Primero lo justificó con una frase que ya de por sí retrata un modo de concebir el poder: dijo que quería que lo acompañara porque iba a “deslomarse” una semana. Después reconoció que había sido “una pésima decisión” y pidió disculpas. O sea: no estamos frente a una denuncia abstracta ni a una operación sin sustancia. El propio funcionario admitió que estuvo mal.
Como si eso fuera poco, la controversia escaló cuando salieron a la luz documentos y registros sobre un viaje privado de Adorni y su familia a Punta del Este durante el feriado de carnaval, a bordo de un avión privado que partió desde San Fernando. A la vez, este 20 de marzo LA NACION publicó documentación catastral según la cual la vivienda en un country de Exaltación de la Cruz señalada en una denuncia penal figura a nombre de su esposa desde noviembre de 2024. Nada de esto equivale por sí solo a una condena judicial. Pero sí muestra algo políticamente demoledor: una sucesión de episodios incompatibles con la superioridad moral que el mileísmo se arroga cuando sermonea a la sociedad sobre austeridad, pureza y esfuerzo.
Y ahí está el verdadero corazón del escándalo. No se trata solamente de un avión, un country o un vuelo privado. Se trata de la lógica del privilegio. De una dirigencia que construyó su identidad pública acusando a los demás de casta y que ahora, cuando le toca dar explicaciones, se refugia en tecnicismos, matices y excusas. Porque para el ciudadano común no hay margen. Al que no le alcanza, que ajuste. Al que pierde el trabajo, que espere. Al que no consigue remedios, que tenga paciencia. Al que no llega a pagar la prepaga, que se reacomode. Pero cuando el cuestionado es un hombre del poder, entonces todo se vuelve interpretable, accidental, discutible.
La gran estafa narrativa del mileísmo fue instalar que cualquier cuestionamiento a este rumbo nace de la nostalgia por el desorden. Es falso. Se puede rechazar el despilfarro y, al mismo tiempo, denunciar que este gobierno convirtió el ajuste en una religión de crueldad selectiva. Porque la motosierra no pasó por todos lados con la misma fuerza. Cayó con violencia sobre los sectores más frágiles, sobre los que menos margen tenían, sobre quienes dependen del salario, del medicamento, de la cobertura, del trabajo cotidiano. En cambio, en las alturas del poder siguen flotando privilegios, blindajes y explicaciones inverosímiles.
El problema, entonces, no es solo económico. Es profundamente moral. Se le exige heroísmo al jubilado, al trabajador, al comerciante, a la madre que no consigue turno médico, al enfermo que no sabe si va a acceder a un tratamiento, al padre que perdió su empleo o al profesional al que no le pagan. A todos ellos se les pide paciencia, austeridad y comprensión histórica. Pero cuando la lupa se acerca a los que gobiernan, el rigor se afloja. Entonces aparecen los viajes, las excusas, las zonas opacas, las justificaciones que serían intolerables si tuvieran como protagonista a cualquier adversario político.
Ese doble estándar destruye el contrato moral que todo gobierno necesita para pedir sacrificios. Porque nadie puede reclamarle a la sociedad que apriete los dientes mientras desde el poder se naturalizan escenas de privilegio o conductas incompatibles con el discurso de la austeridad ejemplar. La prédica del esfuerzo pierde toda legitimidad cuando no empieza por arriba. Y si no empieza por arriba, deja de ser ética pública para convertirse en cinismo.
A esta altura, además, ya no alcanza con decir que el dolor actual será la base del bienestar futuro. Esa frase empieza a vaciarse cuando el alivio no aparece, cuando las malas noticias se acumulan y cuando cada indicador social adverso es tratado como una anécdota menor en nombre de una meta macroeconómica. No hay épica en pedirle a una sociedad exhausta que espere eternamente. No hay valentía en gobernar para las estadísticas mientras la vida concreta se deteriora. Y no hay libertad posible en una comunidad donde el que cae queda librado a su suerte como si fuera culpable de su propio derrumbe.
Porque la libertad no puede consistir en dejar abandonado al más débil mientras el poder se autoabsuelve en nombre del mercado. La libertad no es que sobreviva el que pueda. No vivimos en una Argentina tribal, en la que manda el más fuerte por el solo hecho de estar en el poder. No puede naturalizarse una lógica salvaje en la que la razón la impone quien tiene la lapicera, los recursos del Estado y la capacidad de disciplinar al resto. Cuando la libertad se convierte en excusa para la indiferencia, ya no es libertad: es desamparo administrado.
También hay que decir algo más incómodo todavía. El déficit no es el único agujero que puede tener un país. Existe el déficit de humanidad. El déficit de sensibilidad. El déficit de honestidad entre lo que se predica y lo que se practica. El déficit de empatía frente al sufrimiento concreto. Y esos déficits no se corrigen con conferencias de prensa, ni con eslóganes de redes, ni con voceros que sonríen mientras el país profundo se hunde un poco más.
La Argentina no necesita funcionarios que anuncien cada semana una prosperidad inminente que nunca aterriza. Necesita dirigentes que miren de frente el costo humano de sus decisiones. Que entiendan que la salud no puede esperar, que el empleo no puede relativizarse, que la vacuna que no llega no es un dato técnico sino una derrota del Estado, y que la dignidad de una sociedad no se mide únicamente por su balance financiero.
Porque cuando un gobierno presume de déficit cero mientras crecen la incertidumbre, la intemperie y la desigualdad ante el sacrificio, lo que queda expuesto no es solo una orientación económica: queda expuesta una concepción brutal del poder. Una concepción donde sufrir parece ser una obligación de los de abajo y una incomodidad pasajera para los de arriba.
Y entonces la discusión deja de ser contable para volverse histórica. ¿Hacia dónde va un país que se acostumbra a que todo cierre menos la vida de su gente? ¿Qué clase de futuro puede construirse sobre empleos destruidos, coberturas quebradas, enfermedades que regresan y funcionarios que piden austeridad con una mano mientras con la otra se permiten lo que al resto le niegan? Ninguna nación seria se construyó sobre semejante contradicción.
Ya no alcanza con decir que “falta poco”. Hace mucho que vienen diciendo que falta poco. Y cada vez falta más. Cada vez hay más gente afuera, más angustia adentro y más distancia entre el relato oficial y la calle. Y cuando encima el poder se ve envuelto en escándalos que exhiben privilegios, opacidad y una moral flexible para sí mismo, la farsa queda completa. Por eso hay que decirlo sin eufemismos: cuando el sacrificio es para todos menos para el poder, cuando el ajuste rompe la salud, el trabajo y la esperanza, y cuando la supuesta libertad termina justificando la ley del más fuerte, no estamos avanzando. Estamos retrocediendo. Y por eso, sin maquillaje ni propaganda, la libertad que pregona este gobierno atrasa.
