Tampoco alcanza con la coartada de que fueron créditos “inducidos” por él mismo. Porque el centro del escándalo no es contable: es moral, político e institucional. El problema no es sólo que varios funcionarios y legisladores oficialistas hayan accedido a créditos hipotecarios del Banco Nación por montos millonarios. El problema es que lo hicieron desde el poder, mientras ese mismo poder le exige al resto de la sociedad resignación, paciencia, sacrificio y silencio.
Ahí está la obscenidad de fondo. Un gobierno que llegó prometiendo dinamitar privilegios, combatir a la casta y reducir el Estado a su mínima expresión aparece ahora defendiendo que integrantes de su propia estructura se financien con la banca pública que, en teoría, venían a achicar, reformar o hasta privatizar. Y cuando la polémica estalla, la respuesta no es prudencia ni autocrítica: es soberbia. “Fueron inducidos por mí”, dijo Caputo. Es decir: lo que debía explicarse como una eventual conducta individual fue elevado a doctrina de gabinete. Ya no hablamos de un exceso aislado. Hablamos de una validación desde la cúspide del poder.
Los datos públicos que dispararon la controversia no salieron de una conspiración opositora ni de un panfleto partidario: surgen de registros del BCRA procesados y revisados públicamente. Al menos nueve funcionarios y diputados vinculados al oficialismo con créditos del Banco Nación por montos que, en conjunto, superan los $2.500 millones; entre ellos figuran funcionarios del área económica, directivos de organismos clave y legisladores oficialistas. A la vez, distintas denuncias y pedidos de informes reclaman saber si hubo exceso en límites para personas políticamente expuestas, dictámenes técnicos desfavorables o resoluciones excepcionales para habilitar esos financiamientos. O sea: aun cuando la defensa oficial insista en la legalidad, la pregunta pública sigue intacta.
El Gobierno y el Banco Nación responden que el proceso fue “homogéneo, sin excepciones”, que hay circuitos digitalizados y que la entidad ya concedió más de 27 mil préstamos desde el lanzamiento de la línea. Bien. Supongamos por un segundo que todo fue formalmente correcto. Supongamos que cada casillero fue llenado en regla, que cada expediente pasó sin objeciones y que ningún funcionario se coló por una puerta lateral. Aun así, el escándalo no se evapora. Porque la ética pública no se agota en la pregunta de si algo puede hacerse. También exige preguntarse si corresponde hacerlo, si es prudente hacerlo y, sobre todo, si resulta decente hacerlo mientras el resto del país es sometido a un ajuste feroz.
Según el INDEC, en el segundo semestre de 2025 el 28,2% de las personas estaba bajo la línea de pobreza y 1,884 millones eran indigentes. UNICEF, por su parte, advirtió en noviembre de 2025 que 3 de cada 10 hogares con niñas y niños todavía no alcanzaban a cubrir sus gastos. En ese contexto, la escena de funcionarios oficialistas tomando créditos por cientos de millones desde el banco público no luce como una postal de normalidad financiera: luce como una afrenta. No por el derecho abstracto a la vivienda, que nadie discute, sino por la distancia insultante entre la vida real del ciudadano común y las facilidades del funcionario bien conectado con el aparato estatal.
Y aquí aparece la doble vara, la más vieja y la más repugnante de la política argentina. Para el jubilado, el docente, el empleado privado, el pequeño comerciante o el monotributista, el discurso oficial es brutal: ajustate, aguantá, reconvertite, sé eficiente, deja de pedirle al Estado lo que el mercado no te da. Para los de adentro, en cambio, el argumento cambia: si el sistema lo permite, úsalo; si la banca pública abre una ventanilla, aprovéchala; si hay polémica, se la rebaja a una discusión técnica. El ciudadano debe merecer cada peso; el funcionario, en cambio, sólo debe calificar. Esa no es una anomalía administrativa. Es una filosofía de poder: rigor para los de abajo, indulgencia para los de arriba.
Por eso también resulta obsceno el reflejo de normalizar todo bajo la fantasía de “ser Suiza”. Suiza no es un slogan de campaña ni una postal de Davos. Suiza no es la excusa marketinera para envolver privilegios en papel celofán meritocrático. Un país serio no se mide por la facilidad con la que un funcionario consigue crédito, sino por la densidad de sus controles, la austeridad de sus conductas, la ejemplaridad de sus élites y la vergüenza pública que produce cualquier zona gris en la relación entre poder y beneficio. Invocar a Suiza para justificar esto no eleva la conducta: la empequeñece. Porque cuando un gobierno necesita comparar un privilegio de funcionarios con una utopía nórdica para hacerlo pasar por normal, en realidad está confesando que sabe que, visto desde la Argentina real, el cuadro es impresentable.
Lo más grave, en definitiva, no son sólo los créditos. Lo más grave es la naturalidad con la que se defienden. La liviandad con la que se los bendice desde el Ministerio de Economía. La rapidez con la que se pretende correr el eje: de la ética al trámite, del conflicto de intereses al formulario, del privilegio al algoritmo. Pero la política no se juzga únicamente por lo que firma; también por lo que simboliza. Y este episodio simboliza demasiado. Simboliza a un poder que predica motosierra para los otros y se reserva colchón para sí mismo. Simboliza a una administración que se llena la boca hablando de esfuerzo mientras se acomoda en el respaldo del banco público. Simboliza, en suma, a una casta nueva que no vino a terminar con los privilegios: vino a administrarlos con discurso antisistema.
Porque cuando desde la función pública se usa al Estado para aliviar a los propios en medio del sufrimiento colectivo, ya no alcanza con decir que no hubo delito. Puede que la Justicia deba determinar eso. Lo que ya determinó la conciencia pública es otra cosa: que hay conductas que, aun envueltas en papeles impecables, huelen a abuso. Y cuando un gobierno del ajuste pierde incluso la vergüenza de disimular sus ventajas, deja de ser un proyecto moral para convertirse en lo único que juró combatir: una máquina de privilegios al servicio de los privilegiados.
