Por ahora es una versión política, no una medida confirmada: distintos medios replican que en la Casa Rosada se estudia el impacto legal, político y comunicacional de un eventual indulto a condenados por crímenes de lesa humanidad para el próximo 24 de marzo. Aun en hipótesis, el solo ensayo de esa escena obliga a discutir algo más profundo: qué pasa con una república cuando el poder ejecutivo tantea provocar donde la democracia construyó un límite.
La escena que hiela la democracia
Si ese decreto existiera, no sería un papel más.
Sería un mensaje.
No importa cuántas firmas lleve ni cuántos considerandos técnicos lo envuelvan: un indulto a militares condenados por crímenes de lesa humanidad, y encima el 24 de marzo, sería leído por millones de argentinos como una señal de impunidad en la fecha más cargada de memoria cívica del calendario democrático. Esa fecha no es una efeméride decorativa. Está incorporada por ley como Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia y el Estado la reconoce como una jornada para ejercitar memoria, profundizar verdad y justicia y comprometer a la ciudadanía con valores democráticos.
Por eso, incluso en modo condicional, el debate ya es grave. Porque no estamos discutiendo un simple movimiento táctico. Estamos discutiendo si el poder puede usar una herida histórica abierta como escenografía de una pulseada política.
No está confirmado. Y justamente por eso hay que hablar ahora
Hay un punto central que conviene subrayar con tinta gruesa: no hay confirmación oficial de que Milei vaya a firmar ese indulto. Lo que circula es un trascendido según el cual en el Gobierno se analiza la viabilidad legal y política, y que la decisión final no estaría tomada.
Pero la ausencia de confirmación no vuelve inocuo el tema. Al contrario: lo vuelve más revelador. Porque cuando una hipótesis así empieza a caminar en corrillos, portales, radios y redes, lo que aparece no es sólo un rumor. Aparece un globo de ensayo. Un termómetro. Un testeo de reacción social.
Y ahí la pregunta ya no es sólo "¿lo harán?". La pregunta es: ¿qué clase de gobierno considera políticamente rentable tantear una idea así?
El 24 de marzo no es una fecha neutra
El 24 de marzo no es un casillero vacío donde se puede poner cualquier anuncio "de alto impacto".
No es un escenario comunicacional disponible.
No es marketing de agenda.
Es una fecha construida por décadas de lucha, por familiares, sobrevivientes, organismos, jueces, fiscales, testigos, periodistas y una sociedad que —con avances y retrocesos— terminó asentando un consenso básico: el terrorismo de Estado no se relativiza y sus crímenes no se premian. La legislación que incorporó el 24 de marzo como feriado nacional con ese nombre no deja margen para la ambigüedad sobre su sentido público.
Por eso, si un gobierno eligiera ese día para firmar un perdón presidencial a condenados por delitos de lesa humanidad, no podría alegar ingenuidad. Sería una provocación deliberada. Y cuanto más se intente vender como "gesto institucional", más se vería el cálculo.
La tentación de volver a Menem, pero con peor combustible
Argentina ya pasó por esa estación. Se llama indultos de Menem. Y dejó una marca histórica, jurídica y moral.
Memoria Abierta resume que en 1989 Menem firmó decretos que beneficiaron a jefes militares procesados y, en 1990, otros decretos alcanzaron a condenados del Juicio a las Juntas y a otros procesados por delitos de lesa humanidad. También hubo movilizaciones masivas de protesta.
Además, el decreto 2741/90 quedó asociado de manera directa al indulto de comandantes de juntas militares condenados por violaciones de derechos humanos.
Aquella experiencia se presentó bajo la retórica de la "reconciliación". La historia mostró otra cosa: fue una administración de impunidad que no cerró heridas, no pacificó de verdad y terminó chocando con el proceso democrático posterior de memoria, verdad y justicia.
Reabrir hoy esa puerta no sería "originalidad libertaria". Sería regresión. Pero con un agravante: ya no podría alegarse desconocimiento del costo institucional. Ya se sabe cómo termina ese camino: con conflicto social, judicialización y deterioro de la legitimidad del Estado.
El punto jurídico que desarma la épica
Acá está la parte a subrayar en el contexto de cualquier relato voluntarista del poder.
Sí: la Constitución le reconoce al Presidente la facultad de indultar o conmutar penas (artículo 99 inciso 5), con límites expresos. Ese poder existe y está escrito.
Pero de ahí no se sigue que el indulto sea una varita mágica capaz de barrer cualquier cosa por decreto.
En materia de crímenes de lesa humanidad, la discusión no se agota en la lapicera presidencial. Se cruza con obligaciones constitucionales e internacionales.
La jurisprudencia, desde hace años, cerró la puerta a las soluciones de impunidad. El precedente "Mazzeo" (CSJN, 13 de julio de 2007; Fallos 330:3248) es la referencia ineludible en esta materia.
Dicho en lenguaje de calle: aunque un Presidente quiera posar de emperador, no gobierna por encima del sistema jurídico. Mucho menos cuando se trata de delitos que el propio orden constitucional y convencional obliga a investigar, juzgar y sancionar.
Y acá hay una aclaración importante, para no simplificar de más: El artículo 36 de la Constitución efectivamente excluye del indulto y la conmutación a los autores de actos de fuerza contra el orden institucional y a quienes usurpen funciones como consecuencia de esos actos. Ese texto es clarísimo, pero su aplicación concreta a cada supuesto requiere encuadre jurídico y no se resuelve con una consigna.
Lo que sí es indiscutible es que usar esa discusión como atajo político para licuar condenas por lesa humanidad sería incendiar una zona donde la Argentina ya pagó demasiado.
Los números que muestran el alcance real
El impacto potencial no sería simbólico solamente. También sería material.
En la actualización estadística difundida por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad en septiembre de 2025, se informaba que había 539 personas privadas de libertad en procesos de lesa humanidad, de las cuales 454 estaban en arresto domiciliario.
Ese dato importa por dos razones.
La primera: desarma el argumento tramposo de que se trataría de un gesto sobre "unos pocos casos" marginales. No. Estamos hablando de un universo significativo, con peso judicial, histórico y político.
La segunda: muestra que buena parte de esas detenciones ya transitan regímenes menos gravosos que la cárcel común. Es decir, el debate no es "humanidad vs. crueldad", como a veces se lo intenta presentar. El debate es impunidad vs. Estado de Derecho.
La doble vara: cuando el indulto depende de quién conviene
Acá aparece una contradicción política imposible de esconder.
El mileísmo ha sido terminante —y agresivo— al rechazar la sola idea de un indulto para Cristina Fernández de Kirchner. En la apertura legislativa de 2026, Milei volvió a insultar a la oposición y se refirió a Cristina Kirchner (que cumple arresto domiciliario en una condena por corrupción) con el tono de quien quiere mostrar dureza moral sin fisuras.
Entonces la pregunta cae por su propio peso: si el indulto es una aberración institucional cuando el beneficiario es una dirigente a la que detestan, por qué pasaría a ser una herramienta admisible cuando los potenciales beneficiarios son condenados por crímenes de lesa humanidad?
Ahí se termina la teoría y empieza la política desnuda.
Porque la vara deja de ser la república y pasa a ser la conveniencia.
Porque el principio deja de ser la justicia y pasa a ser la tribuna.
Porque la "excepcionalidad" deja de medirse por la gravedad del delito y se mide por la utilidad del gesto para una guerra cultural, una interna de poder o una maniobra de distracción frente a una economía que cruje.
El verdadero riesgo republicano: usar el Estado para escalar extremos
Lo más peligroso de esta hipótesis no es sólo el posible decreto. Es la lógica que la vuelve pensable.
Cuando un gobierno convierte cada tema sensible en una pulseada identitaria; cuando desprecia derechos humanos como si fueran "curro"; cuando busca gobernar en estado de provocación permanente; cuando trata de dividir a la sociedad entre "puros" y "enemigos"; cuando mide la fortaleza no por la calidad institucional sino por la capacidad de humillar al otro, la república empieza a perder defensas.
Y eso no ocurre de golpe. Ocurre por acostumbramiento.
Primero se naturaliza el insulto.
Después se naturaliza la crueldad verbal.
Después se naturaliza la degradación de símbolos compartidos.
Y un día se discute, casi como si fuera una opción razonable de comunicación política, si conviene usar el 24 de marzo para perdonar represores.
Ese es el punto donde una democracia empieza a mirar el abismo sin vértigo.
Y a no confundirnos ni confundir a nadie.
No son abuelitos que están purgando sentencias injustas. Cometieron actos de terrorismo de estado aberrantes de los que nunca se arrepintieron.
Hay muchas formas de romper una república, de exterminar la paz social.
Una de ellas, la más cobarde es cuando el poder (del signo que fuere) aprende a usar la memoria de los muertos como combustible electoral.
Cito, para finalizar, y me quito el sombrero, partes del alegato final del fiscal Julio Strassera en el juicio a las Juntas:
"Este proceso ha significado, para quienes hemos tenido el doloroso privilegio de conocerlo íntimamente, una suerte de descenso a zonas tenebrosas del alma humana, donde la miseria, la abyección y el horror registran profundidades difíciles de imaginar antes y de comprender después. (..)
Salvo que la conciencia moral de los argentinos haya descendido a niveles tribales, nadie puede admitir que el secuestro, la tortura o el asesinato constituyan "hechos políticos" o "contingencias del combate". Ahora que el pueblo argentino ha recuperado el gobierno y control de sus instituciones, yo asumo la responsabilidad de declarar en su nombre que el sadismo no es una ideología política ni una estrategia bélica, sino una perversión moral. (...)
A partir de este juicio y de la condena que propugno, nos cabe la responsabilidad de fundar una paz basada no en el olvido sino en la memoria; no en la violencia sino en la justicia. Esta es nuestra oportunidad: quizá sea la última.
Señores jueces: quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria.
Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino.
Señores jueces: "Nunca más".
