Hay obscenidades que no necesitan explicación: se ven. Se padecen. Se mastican en una parada interminable, en una unidad destartalada, en una frecuencia recortada, en el trabajador que llega tarde, en el estudiante que pierde clase, en la madre que hace malabares para llegar al hospital. Y, sin embargo, aun frente a esa evidencia brutal, el Estado insiste en premiar a quienes hace rato deberían estar dando explicaciones.
La Nación confirmó que hoy, miércoles 8 de abril,depositará los subsidios a las empresas de colectivos, aun cuando las compañías ya habían reducido frecuencias y decidido mantenerlas, alegando que lo que cobrarán no cubre toda la deuda. Desde la propia Secretaría de Transporte reconocieron que habrá pago y reunión con las cámaras, mientras las empresas siguieron apretando con pasajeros de por medio. El corazón del escándalo no solo es que se subsidie. Es peor: que se subsidie sin autoridad, sin ejemplaridad y sin defensa del usuario. Porque cuando una empresa baja frecuencias para presionar, no está prestando un servicio público: está usando un servicio esencial como arma de extorsión. Y cuando el Estado, en vez de disciplinar, deposita, negocia y contemporiza, deja de gobernar para empezar a administrar la resignación.
En cualquier país que se tomara en serio el discurso del ajuste, el primer mensaje habría sido otro: el que incumple, no cobra; el que maltrata al usuario, no recibe premio; el que convierte unidades en instrumento de chantaje, pierde privilegios. Pero aquí no. Aquí el rigor parece reservado para el ciudadano común, mientras a ciertos empresarios se les sigue tratando como si fueran socios inevitables de una decadencia ya naturalizada.
La postal de La Banda vuelve todavía más brutal esa contradicción. Porque allí el problema ya no es una amenaza: es una larga costumbre. La empresa MAPO S.R.L., prestataria de la Línea 4, figura en registros oficiales como receptora de compensaciones y subsidios nacionales. Sólo en montos verificables entre 2018 y 2023 acumuló al menos $16.832.524,78, según lo publicado y documentado. En ese mismo cuadro también aparecen señales delicadas sobre su situación fiscal y bancaria. la pregunta deja de ser incómoda para volverse inevitable: ¿Adonde está la plata? Porque en las calles no se ve. No se ve en la calidad de las unidades. No se ve en la frecuencia. No se ve en la dignidad del viaje. No se ve en el respeto al pasajero. Si hubo asistencia pública y el servicio siguió siendo malo, el problema ya no es la falta de recursos. El problema es el destino de esos recursos, la ausencia de control y la impunidad con que demasiados actores se mueven alrededor del negocio del transporte. a estafa moral de este sistema: al pasajero se le dice que el subsidio existe para protegerlo, pero el alivio nunca llega a su experiencia concreta. Se subsidia al prestador, no al servicio. Se auxilia a la empresa, no al usuario. Se financia la continuidad del problema y después se pretende presentar esa continuidad como una política de contención social. No lo es. Es una transferencia de fondos públicos a estructuras privadas que demasiadas veces no devuelven ni calidad, ni previsibilidad, ni respeto.
Además, frente a todo esto, la Municipalidad de La Banda no puede mirar hacia otro lado. No puede hacerse la distraída, no puede refugiarse en excusas administrativas ni esconderse detrás de la pulseada entre empresarios y Nación. La gestión política se debe al vecino, no al colectivero; al usuario cautivo, no al concesionario privilegiado. Porque el intendente, sus funcionarios y las áreas de control no están para contemplar la decadencia del servicio, sino para defender a quien madruga, paga y viaja mal. Si las unidades están rotas, si las frecuencias son un castigo y si nadie puede explicar con claridad qué pasó con el dinero que debía traducirse en mejoras, entonces el poder municipal ya no puede alegar ajenidad: empieza a ser parte del problema.
Bajo esta mecánica perversa el ciudadano paga dos veces. Paga con sus impuestos y paga con su humillación cotidiana. Paga cuando el colectivo no pasa. Paga cuando pasa roto. Paga cuando el recorrido se vuelve un castigo. Paga cuando la política mira para otro lado y los organismos de control se vuelven decoración institucional.
El transporte público no es una concesión graciosa del empresario de turno. Es una obligación social estratégica. Sirve para que una ciudad funcione, para que la economía se mueva, para que la vida diaria no colapse. Por eso resulta tan intolerable que se lo administre con lógica de apriete, de privilegio y de opacidad. No estamos frente a una diferencia contable. Estamos frente a una forma de desprecio.
Y en ese desprecio se parecen demasiado algunos funcionarios y algunos empresarios: unos depositan aunque los usuarios sean rehenes; otros cobran aunque el servicio sea una vergüenza. Unos hablan de responsabilidad fiscal; otros de costos operativos. Pero, en el medio, la única verdad material es la misma de siempre: el ciudadano queda abajo de todos.
La Argentina no necesita subsidiar fracasos. Necesita terminar con ellos. Porque cuando el dinero público sigue sosteniendo a prestadores que no mejoran nada, el subsidio deja de ser herramienta de equidad y pasa a ser una coartada del privilegio. Y cuando el ajuste cae sobre la sociedad, pero se detiene en la puerta de empresas que incumplen, ya no estamos ante una política económica: estamos ante una claudicación moral.
En el terreno local, en La Banda ya no alcanza con señalar a la empresa. También hay que exigirle a la política que deje de ser comentarista del desastre y asuma, de una vez, su obligación de poner el interés del vecino por encima de cualquier alianza, temor o conveniencia. Porque cuando un municipio protege más la comodidad del prestador que el derecho del pasajero, deja de gobernar para la ciudad y empieza a administrar la impunidad.
