La causa por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó en las últimas horas nuevos elementos que incrementan las dudas sobre la operación inmobiliaria de su vivienda en el barrio porteño de Caballito.
El eje de la controversia gira en torno a un departamento ubicado sobre la calle Miró, cuya compra presenta condiciones poco habituales. Según consta en la investigación, Adorni habría abonado inicialmente 30.000 dólares y diferido el pago de otros 200.000 sin interés durante un año, un esquema que despertó sospechas en la fiscalía a cargo de Gerardo Pollicita.
Las declaraciones de las jubiladas Claudia Sbabo y Beatriz Viegas, quienes figuran como vendedoras del inmueble, no lograron despejar las dudas. Ambas señalaron que desconocen los detalles de la operación, ya que la gestión estuvo en manos de sus hijos. Además, mostraron vacilaciones al ser consultadas sobre el estado original del departamento y las posteriores refacciones, evidenciadas en imágenes incorporadas a la causa.
Las fotografías del antes y después del inmueble revelan una transformación total: el departamento, que originalmente se encontraba en condiciones precarias, fue completamente renovado con nuevos pisos, mobiliario, revestimientos y equipamiento. Sin embargo, aún no está claro quién financió esas obras ni cuál fue su costo total.
Otro de los puntos bajo análisis es la modalidad de compra. Las jubiladas adquirieron la propiedad al exfutbolista Hugo Morales por 200.000 dólares y, apenas cinco meses después, la vendieron a Adorni por 230.000. La escasa diferencia de precio y el financiamiento del 87% del valor sin interés generan interrogantes sobre la lógica económica de la operación.
La fiscalía también puso la lupa sobre la capacidad económica de las vendedoras, quienes perciben jubilaciones bajas. En ese contexto, resulta llamativo que hayan otorgado un financiamiento tan elevado sin obtener beneficios financieros.
Además, la investigación abarca otros aspectos del patrimonio del funcionario, como gastos en propiedades, préstamos recibidos, nivel de vida y viajes. Entre ellos, se menciona un viaje familiar a Aruba a fines de 2024, con pasajes en primera clase, lo que se suma a los elementos que buscan determinar si existe un incremento patrimonial no justificado.
Con estos nuevos datos, la causa continúa avanzando mientras la Justicia intenta esclarecer el origen de los fondos y la transparencia de las operaciones realizadas por el jefe de Gabinete.
