ntre el jueves 9 de abril, cuando la Municipalidad de la Capital presentó la nueva Línea E de colectivos eléctricos, y ayer viernes 10, cuando el transporte tradicional quedó paralizado por un paro total de la UTA, Santiago del Estero vio dos modelos enfrentados en apenas unas horas. De un lado, 15 unidades cero kilómetro, con tecnología limpia, rampas, aire acondicionado, calefacción y conductoras mujeres, impulsadas en forma conjunta por el municipio y la provincia. Del otro, otra vez la postal conocida: usuarios a pie, servicio interrumpido y miles de vecinos rehenes de un conflicto salarial que volvió a dejar a la ciudad sin respuesta.
La diferencia no es estética. Es política, social y moral. La Línea E no se presentó como un eslogan, sino como una prestación experimental para unir sectores norte y sur con centros comerciales, administrativos, sanitarios y educativos, bajo una lógica de accesibilidad, seguridad y modernización. Incluso se aclaró que el recorrido busca complementar el sistema vigente sin interferir con las líneas ya concesionadas. Es decir: el Estado no salió a destruir nada; salió a hacer lo que los privados, con años de ventaja, no supieron o no quisieron garantizar con regularidad.
Y allí aparece la verdad que hay que decir. Mientras el sector público invierte en movilidad sustentable, inclusión laboral femenina y mejor estándar de servicio, el sistema dominado por operadores privados volvió a exhibir su peor cara: la fragilidad permanente. La UTA confirmó que el paro de ayer comenzó a la medianoche por falta de pago de salarios y advirtió que la situación se viene repitiendo en los últimos meses. Después llegó la conciliación obligatoria, pero el daño ya estaba hecho: otra jornada perdida para miles de trabajadores, estudiantes y familias que dependen del colectivo para vivir.
Lo más elocuente es que la Municipalidad reaccionó sancionando a tres empresas por no haber prestado servicio. Eso demuestra que no se trató de una incomodidad menor ni de una anécdota gremial, sino de un incumplimiento con impacto directo sobre la vida cotidiana de la ciudad. Y conviene recordarlo: el transporte urbano no es un favor empresario, sino una materia propia del municipio y un servicio que debe proteger a usuarios y consumidores. La Carta Orgánica municipal no deja dudas sobre esa responsabilidad.
Por eso, lo ocurrido no debería leerse solo como la presentación de una nueva línea. Debería entenderse como un llamado de atención severo a los concesionarios de siempre. En tiempos económicos difíciles, el Estado capitalino y la provincia decidieron mostrar gestión, inversión y rumbo. Los privados, en cambio, volvieron a mostrar dependencia, deterioro e incapacidad para asegurar continuidad. La Línea E todavía es una experiencia inicial, sí. Sin embargo, aun en ese carácter experimental ya produjo algo decisivo: fijó un nuevo parámetro. Y cuando un parámetro nuevo nace con unidades modernas, servicio limpio, inclusión y cumplimiento, lo viejo no queda en competencia: queda en evidencia.
