El problema no es sólo la luz. El problema es la mentira. Y después, sí, viene la boleta. Porque cuando una familia abre el sobre, cuando un jubilado mira el monto y se queda en silencio, cuando un comerciante saca cuentas y entiende que otro mes así lo deja al borde del cierre, ya no estamos hablando de planillas de Excel ni de tecnicismos para conferencias de prensa. Estamos hablando de la vida real. De la Argentina que transpira, que trabaja, que se endeuda para comer y ahora también para pagar servicios. Y ahí es donde el Gobierno nacional eligió hacer lo peor: aplicar el ajuste y después señalar al interior para no hacerse cargo.
Gerardo Zamora puso el tema donde debía ponerse: en el Senado y de frente. Presentó una cuestión de privilegio contra el ministro Luis Caputo y contra la Secretaría de Energía por el impacto que vienen teniendo en el norte argentino la quita de subsidios y el aumento del costo eléctrico. El planteo no cayó del cielo ni fue un capricho partidario: se apoyó en una realidad que sienten miles de hogares y comercios, golpeados por subas tarifarias y por una política energética que, lejos de contemplar asimetrías regionales, las profundiza.
La respuesta de la llamada Oficina de Respuesta Oficial fue tan previsible como reveladora. Dijo que era “completamente falso” atribuirle al Gobierno nacional los aumentos de las tarifas y sostuvo que el encarecimiento depende de componentes provinciales como el Valor Agregado de Distribución y los impuestos locales. También defendió el “sinceramiento” de costos y la focalización de subsidios. Es decir: primero recortan, después llaman sinceramiento al recorte, y por último intentan que el interior cargue con la culpa.
Pero los propios actos del Gobierno nacional desmienten parte central de esa coartada. El nuevo esquema oficial de subsidios energéticos estableció para electricidad una bonificación sobre bloques de consumo de 300 kWh en meses de mayor demanda y de 150 kWh en los meses templados. Ese régimen surge del Decreto 943/2025 y fue explicitado por el Gobierno nacional y por normativa del ENRE: marzo está entre los meses de 150 kWh. O sea: el recorte del universo subsidiado y de los bloques bonificados no es una fantasía provincial ni un invento opositor. Es una decisión nacional, escrita, reglamentada y ejecutada por la propia administración libertaria.
Ahí aparece la primera gran trampa del discurso oficial. Se quiere discutir la factura como si fuera una suma neutra de componentes aislados, cuando la decisión más agresiva fue tomada arriba: quitar subsidios, endurecer el esquema y trasladar el peso del costo energético a usuarios residenciales, jubilados, trabajadores y pequeños comerciantes. Después, claro, se abre la calculadora y se dice: “la energía cuesta lo mismo en todo el país”. Como si el país fuera el mismo en todas partes. Como si vivir un verano en Santiago del Estero fuera igual que vivirlo en el sur del país. Como si el salario, el clima, la infraestructura y la desigualdad territorial no existieran.
Porque ese es el punto que el centralismo porteño no quiere entenderla igualdad no consiste en aplicar la misma planilla a realidades completamente distintas. La igualdad, en un país federal, exige reconocer asimetrías. Exige admitir que hay provincias donde el calor no es una anécdota sino una condena estacional si el Estado se retira. Exige comprender que para muchas familias del norte el aire acondicionado dejó de ser un lujo hace rato y pasó a ser una necesidad elemental para atravesar semanas de temperaturas extremas. Negar eso desde un escritorio en Buenos Aires no es liberalismo: es indiferencia administrada.
Y además hay otro dato que vuelve todavía más débil la acusación contra Santiago del Estero: cuando se miran las alícuotas comparadas de Ingresos Brutos en rubros sensibles, la provincia no aparece entre las más voraces sino entre las más bajas. En servicios financieros, un relevamiento publicado por Infobae mostró tasas que van del 3% al 9%, con Santiago del Estero en el piso inferior de ese ranking, muy por debajo de provincias como Santa Fe, Jujuy o Córdoba. En conectividad a internet, un informe de CABASE y CEFIP-UNLP ubicó a Santiago del Estero con una alícuota del 3%, también por debajo del promedio nacional y lejos del lote más alto. No resuelve todo, desde luego. Pero destruye el relato fácil de que aquí se exprime al contribuyente para encarecerle la vida a la gente.
Dicho en castellano básico: si la Nación quería convertir a Santiago del Estero en el villano tributario de esta historia, eligió mal la provincia. Porque los números comparados no acompañan esa acusación. Y todavía menos la acompaña un hecho político y presupuestario concreto: el Gobierno santiagueño dispuso un descuento del 40% en la factura final de luz para usuarios residenciales, con recursos propios, durante el verano, bajo el Fondo Compensador Estival Provincial. Eso está informado oficialmente. Mientras la Nación retiraba subsidios y endurecía topes, la provincia ponía plata para amortiguar el golpe. Esa diferencia no es relato; es gestión.
Por eso la defensa de Santiago del Estero en este punto no es una reacción emocional ni una pulseada de tribuna. Es una defensa fundada. Fundada en los cuadros impositivos comparados. Fundada en las resoluciones nacionales que redujeron los bloques subsidiados. Fundada en una medida provincial concreta para aliviar las boletas. Fundada, en definitiva, en algo muy simple: el Estado santiagueño no abandonó a su población; intentó cubrirla. La Casa Rosada, en cambio, eligió primero el ajuste y después la desmentida.
Hay, además, una dimensión política más honda que la mera discusión tarifaria. Lo que molesta del discurso de Milei y de sus usinas de respuesta es el desprecio que exudan hacia el interior cuando el interior se queja. Hay una lógica casi colonial: el centro decide, la periferia padece y, si protesta, encima se la acusa de mentir. Ese reflejo no tiene fundamento técnico serio, pero sobre todo delata una cultura política profundamente antifederal.
Y cuando esa mirada se combina con una épica oficial que exalta el ajuste como virtud moral, el resultado es todavía peor. En su discurso de apertura de sesiones, Milei volvió a reivindicar el recorte, a presentar al ajuste como una gesta y a insistir en una lógica de confrontación donde toda sensibilidad social parece sospechosa. El problema es que en las provincias no se ajustan teorías: se ajustan cuerpos, mesas familiares, farmacias, heladeras, kioscos, almacenes y jubilaciones. No hay heroísmo en eso. Hay sufrimiento. Y un Gobierno que lo minimiza no sólo gobierna mal: se deshumaniza.
Por eso, cuando Zamora respondió que no había ningún impuesto provincial nuevo y que lo que hay es quita de subsidios nacionales con resultados devastadores sobre la economía doméstica, no estaba sólo contestando un tuit. Estaba marcando el corazón del conflicto. Porque la discusión de fondo es quién carga con el costo de esta política. Y la respuesta es brutal: lo cargan los sectores medios, los vulnerables, los jubilados, los trabajadores que llegan asfixiados a mitad de mes, los pequeños comerciantes que ven caer ventas y subir gastos fijos al mismo tiempo.
Que nadie se confunda: defender a Santiago del Estero frente a este atropello no es cerrar los ojos ni caer en el aplauso automático. Es defender un principio elemental de justicia territorial. Es decir que una provincia con baja carga relativa en rubros clave y con subsidios propios de emergencia no puede ser usada como chivo expiatorio para tapar una política nacional de tarifazo. Es decir que el norte no está para pagar en silencio las fantasías ideológicas del puerto. Es decir que el ajuste deja de ser una abstracción cuando se transforma en una boleta impagable.
Y sobre todo es decir algo más profundo, más urgente y más político: Santiago del Estero no necesita lecciones de sensibilidad de quienes primero recortan, después culpan y por último se burlan del dolor social. Necesita respeto. Necesita federalismo verdadero. Necesita que dejen de mentir.
Porque cuando un gobierno nacional descarga el peso de su ajuste sobre las provincias humildes y encima pretende ensuciar a las que todavía ponen el cuerpo y la plata para cuidar a su gente, ya no estamos ante una discusión administrativa: estamos ante una forma de crueldad política.
Santiago del Estero no encarece la vida de su pueblo: intenta defenderlo. Los que lo castigan desde el centro y después mienten para lavarse las manos son otros. Y a esta altura ya no quedan dudas: el Estado santiagueño incluye; el centralismo del gobierno de Milei excluye y destruye.
