Hay momentos en los que una sociedad se juega más en su reacción que en el hecho mismo. No por lo que alguien grita cuando se siente impune, sino por lo que hacen después las instituciones. Y esta vez pasó algo que debía pasar: la Justicia se movió. La fiscal Victoria Ledesma abrió actuaciones preliminares para determinar si las expresiones difundidas en ese video pueden constituir delitos de acción pública. No es un detalle. Es la admisión de que aquello no podía seguir siendo tratado como una mueca de bar, una fanfarronada grotesca o un espectáculo para redes.
Por eso el pedido de ayer no fue exagerado. Fue exacto. Cuando desde esta columna se reclamó intervención fiscal, lo que se estaba diciendo era algo elemental: ante palabras de esa gravedad, el Estado no puede hacerse el distraído. Primero investiga. Después concluye. Nunca al revés. Y eso es precisamente lo que ayer quedó ratificado con la decisión de avanzar de oficio, con pericias sobre el material y análisis del contexto.
Lo demás era la vieja enfermedad argentina: relativizarlo todo cuando el escándalo roza apellidos, contactos o zonas de confort. Convertir lo intolerable en anécdota. Llamar “circo” a lo que exige expediente. Disfrazar de picardía lo que, dicho por cualquier hijo de vecino, habría encendido alarmas inmediatas. Ese doble estándar también degrada a la Justicia, porque la empuja a llegar tarde a donde debería entrar sin pedir permiso. La nota de opinión publicada el viernes 3 de abril ya advertía, justamente, que el problema no era el show sino la obligación de verificar, peritar e investigar.
Ahora bien: que nadie confunda el inicio con la resolución. Abrir una investigación no condena a nadie. Pero tampoco absuelve el escándalo bajo la coartada de la risa. Significa que el asunto salió del terreno de la impunidad socialmente tolerada y entró, por fin, en el único lugar donde debía estar: el de la responsabilidad institucional. La Fiscalía informó además que mantiene reserva sobre las medidas concretas y que buscará determinar si hubo una conducta penalmente relevante. Eso obliga a algo muy simple: dejar trabajar, pero exigir que se llegue hasta el fondo.
Porque en una provincia seria no alcanza con viralizar el bochorno. Hace falta que alguien recuerde que la ley no está para decorar discursos sino para intervenir cuando corresponde. El fiscal que se pidió no era una sobreactuación. Era apenas el mínimo indispensable para que Santiago del Estero no siga naturalizando que algunos puedan decir cualquier cosa y que después no pase nada.
