La administración Milei va por la intervención federal de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur tal como quedó en evidencia con la injerencia de la Administración Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) sobre el Puerto de Ushuaia y el desplazamiento de las autoridades provinciales.
La región es clave por su conexión oceánica y Bicontinental, en un escenario global donde el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, no esconde sus pretensiones de acceder a los recursos de todo el continente en nombre de una seguridad nacional que tambalea ante las corporaciones de Silicon Valley. Milei, al querer congraciarse con su amo Donald Trump, puso en riesgo la seguridad del país a partir de una intervención portuaria con destino incierto.
La semana que viene, la Dirección Provincial de Puertos a cargo de Roberto Murcia realizará una nueva presentación judicial para advertir sobre los peligros a la seguridad y el (des)control portuario devenidos de la intervención federal.
El avance de Milei sobre la provincia de Tierra del Fuego no está exenta de contradicciones. En octubre del año pasado, la provincia contrató a la empresa de seguridad privada Bushido por 407 millones de pesos (en un proceso licitatorio que dejó afuera a Prosegur y la local Vigilan). La contratación ocurrió luego de las primeras presiones de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN).
