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El discurso contra los privilegios de la política sumó un nuevo y contundente golpe dentro de las propias filas del Gobierno nacional. La diputada salteña de La Libertad Avanza, Gabriela Flores, presentó su renuncia a la presidencia de la Comisión de Familias, Niñez y Juventud tras el escándalo desatado al confesar que utilizó pasajes oficiales del Congreso para financiar viajes personales de su hijo.
La salida de la legisladora se formalizó durante una tensa reunión del cuerpo legislativo, luego de quedar acorralada por el impacto de sus propias declaraciones. En una entrevista radial, Flores admitió sin tapujos que entregó los tickets financiados por el Estado para que su hijo viaje entre Salta y Buenos Aires con el fin de cursar la carrera de Abogacía.
"No es un delito"
Lejos de mostrar arrepentimiento, la diputada profundizó la indignación ciudadana al afirmar que su accionar "no es un delito" y reconocer que también cedió esos viáticos estatales "para otras cosas". Sus palabras expusieron una clara infracción a la Ley 25.188 de Ética en la Función Pública, la cual prohíbe el uso de bienes o fondos públicos para el beneficio particular de familiares o terceros.
El escándalo obligó al oficialismo a ceder terreno institucional en la Cámara de Diputados. Tras la dimisión de Flores, la oposición propuso a Varinia Marín como presidenta provisoria, aunque el liderazgo definitivo de la comisión quedará en manos del legislador tucumano Pablo Yedlin.
A pesar de la gravedad de los hechos y el repudio generalizado, el recambio implementado tiene un límite concreto: Flores no abandonó la comisión, sino que fue reubicada y continuará integrando el espacio en calidad de vicepresidenta primera. Esta maniobra evidencia las dificultades del oficialismo para castigar internamente los mismos privilegios que prometió erradicar ante el electorado.
