El secretario de Coordinación de Infraestructura del Ministerio de Economía, Carlos Frugoni, quedó en el centro de una nueva investigación tras confirmarse que posee propiedades en Estados Unidos que no declaró ante los organismos de control argentinos. La información surge de registros oficiales del estado de Florida y expone un entramado de sociedades offshore que golpea nuevamente el discurso de transparencia del Gobierno.
Según la documentación inmobiliaria, Frugoni es el beneficiario final de al menos ocho propiedades en Norteamérica. Gran parte de estos activos fue adquirida a través de sociedades constituidas en Delaware, una jurisdicción reconocida internacionalmente por su extrema opacidad fiscal y societaria.
Las empresas Genova LLC y Waki LLC funcionaron como vehículos financieros para la compra y administración de departamentos con valuaciones de entre 140.000 y 310.000 dólares. Cinco de estas propiedades se ubican en el condado de Palm Beach, al sur de Florida, y presentan valuaciones fiscales superiores a los 180.000 dólares.
El dato más comprometedor para el funcionario que responde a Luis Caputo —y que ya ocupó cargos durante la gestión de Mauricio Macri— es la titularidad directa de un departamento en Delray Beach. Frugoni compró este inmueble a su nombre en 2021 por 215.000 dólares y, de manera irregular, accedió a una exención fiscal reservada exclusivamente para residentes permanentes de Estados Unidos, a pesar de vivir y ejercer funciones públicas en Argentina.
El impacto legal de las omisiones
Este descubrimiento se suma a la lista de funcionarios de la actual administración investigados por irregularidades patrimoniales, como el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el titular de ARCA, Andrés Vázquez.
La legislación argentina en materia de ética pública obliga a los funcionarios a declarar la totalidad de sus bienes y participaciones societarias, tanto en el país como en el exterior. Al ocultar este entramado de propiedades e inversiones, Frugoni enfrenta una imputación por omisión maliciosa, un delito que prevé penas de hasta dos años de prisión y la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos.
