A cinco años de la desaparición de Guadalupe Lucero en San Luis, no hay ningún responsable preso. Mientras se suman pistas y nuevas hipótesis, la fiscalía sigue sin poder explicar qué pasó con la nena el 14 de junio de 2021. “Ella está presente siempre para nosotros”, dijo en las últimas horas su abuela, Silvia Domínguez, reflejando el dolor de una familia que no baja los brazos.
El expediente judicial sumó recientemente el análisis de unas 120 llamadas telefónicas —tanto locales como internacionales— que todavía no fueron completamente procesadas por los peritos informáticos. Según explicó Soledad Poma de Otaegui, abogada de la madre de Guadalupe, parte de esas comunicaciones derivó en una línea investigativa con conexiones en el vecino país de Chile, surgida a partir de pericias técnicas complejas que siguen bajo estricto secreto de sumario.
“Lo supimos por pericias que hicieron una conexión. Hay llamadas que estarían vinculadas a Chile”, detalló la letrada al respecto. Además, la profesional cuestionó con dureza la demora judicial en el procesamiento de esos registros informáticos, advirtiendo que resulta inadmisible que a media década del hecho todavía se permanezca a la espera del análisis definitivo de las comunicaciones telefónicas.
En paralelo, la representación de la madre solicitó formalmente al Ministerio Público Fiscal que se profundice otra línea paralela: la investigación sobre el abuelo paterno de la menor, Roque Lucero, actualmente imputado por abuso sexual contra una menor y sospechado en otra causa que está en pleno trámite. “Queremos que se abra una nueva línea investigativa”, sostuvo con firmeza la abogada.
También advirtió sobre una audiencia clave ocurrida el pasado lunes a la que el hombre no se presentó junto a su defensor técnico. “Algo tiene que ocultar, pero no sé si Guadalupe. Hay cosas que hacen ruido”, remarcó sobre la actitud del sospechoso, quien continúa en libertad. Más allá de estos movimientos, a 5 años de la desaparición, la causa no logró establecer responsables y no registra personas imputadas directamente por el secuestro.
