A once años de la primera movilización masiva que reconfiguró la agenda pública en el país, las demandas colectivas persisten ante un panorama institucional complejo. En coincidencia con las marchas federales de este 3 de junio de 2026, Amnistía Internacional Argentina emitió un crítico documento donde advierte sobre la profundización de la desprotección estatal hacia mujeres, niñas y diversidades, agravada por el desmantelamiento y desfinanciamiento de las políticas públicas específicas.
“Frente a hechos de esta gravedad, el Estado no puede mirar para otro lado. Desfinanciar políticas de género tiene consecuencias concretas, deja a las mujeres libradas a su suerte. Garantizar una vida libre de violencia no es opcional: es una obligación”, sentenció con dureza Mariela Belski, directora ejecutiva de la entidad en el país, haciendo alusión al reciente y cruento femicidio de la adolescente cordobesa Agostina Vega.
Un piso crítico que no baja y el desmantelamiento de la Línea 144
El informe detalla que, si bien el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina detectó 200 víctimas directas en 2025 (un 12,3% menos que en 2024 debido a una baja en la provincia de Buenos Aires), la violencia letal se mantiene estancada en un piso crítico. Desde el año 2017, la Argentina sostiene una estadística trágica que equivale, promedialmente, a un femicidio cada 36 horas, ocurriendo el 78% de los ataques en los domicilios de las víctimas o de los victimarios.
En paralelo, la organización internacional denunció que desde diciembre de 2023 se ejecutó un severo ajuste sobre los dispositivos de contención. La Línea 144 sufrió un recorte del 45% de su planta de profesionales y perdió su presupuesto propio, mientras que el Programa Acompañar restringió su cobertura al exigir una denuncia judicial o policial previa. Asimismo, recordaron que en febrero de este año el Comité CEDAW de la ONU advirtió a las autoridades nacionales por los retrocesos ligados al Plan ENIA y el debilitamiento de la Educación Sexual Integral (ESI).
El mito de las falsas denuncias y el récord de crímenes de odio
Amnistía Internacional también manifestó su profunda preocupación por el avance de proyectos de ley en el Congreso de la Nación que buscan agravar penas por supuestas "falsas denuncias" en casos de violencia sexual. El organismo cruzó estas iniciativas con datos duros: las denuncias falsas representan apenas el 0,09% sobre más de 8 millones de causas penales analizadas entre 2023 y 2025, estando vinculadas mayormente a delitos de índole económica. “El problema real es la falta de denuncias: solo el 10% de las mujeres que sufren violencia sexual denuncia y apenas el 18% de las víctimas de femicidio había denunciado previamente”, remarcaron para evidenciar el efecto disuasorio que generarían estos cambios normativos.
Por último, el documento encendió las alarmas respecto a la situación de la comunidad LGBTIQ+. Durante el año 2025 se registraron 227 crímenes de odio en el país, consolidando la cifra más alta desde que se tiene registro y reflejando un incremento superior al 60% en comparación con el período anterior. En ese marco, la entidad ratificó su acompañamiento y pedido de justicia en el juicio oral que inició el pasado 18 de mayo ante el Tribunal Oral en lo Criminal N.° 5, el cual busca determinar las responsabilidades penales por el ataque lesbofóbico perpetrado contra cuatro mujeres en el barrio porteño de Barracas.
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