El escenario de protección de los derechos de las mujeres y diversidades atraviesa un marcado declive institucional que ya genera fuertes repercusiones a nivel global. En su más reciente informe técnico, la organización global de derechos humanos encendió las alarmas por las modificaciones de fondo ejecutadas en la estructura orgánica del Poder Ejecutivo nacional. La entidad denunció de manera taxativa que el progresivo desmantelamiento de las áreas especializadas, la reducción drástica de las partidas presupuestarias y la parálisis de los canales oficiales de denuncia e intervención territorial configuran un escenario de severa desprotección jurídica y social para miles de víctimas en situación de vulnerabilidad extrema.
El documento detalla con profunda preocupación el impacto que el cierre y la reconversión de los ministerios y secretarías del área poseen sobre las herramientas de contención directa. Según los datos analizados por los equipos jurídicos del organismo, el debilitamiento financiero de programas históricos como la Línea 144 de atención telefónica, la suspensión del programa Acompañar —que brindaba asistencia económica y psicológica a mujeres en riesgo de violencia doméstica— y la falta de insumos en los centros de asistencia locales están empujando a un preocupante subregistro de casos y a la desarticulación de los esquemas de prevención temprana y capacitación obligatoria.
"El desmantelamiento de las estructuras institucionales de protección sitúa a la Argentina en un grave incumplimiento de los tratados internacionales firmados por el Estado."
La realidad de los indicadores locales y la preocupación de las mesas de ayuda
La advertencia de Amnistía Internacional resuena de forma directa en el noroeste argentino, una región que históricamente ha registrado indicadores sensibles en materia de conflictividad familiar y delitos contra la integridad sexual. Organizaciones de la sociedad civil y redes de asistencia comunitaria que operan en nuestra provincia explicaron que la falta de articulación y de giros de fondos federales ha sobrecargado las estructuras asistenciales de los municipios y de las gobernaciones locales, obligando a reconfigurar los recursos propios para intentar suplir la retirada de las herramientas nacionales de acompañamiento.
Desde las delegaciones defensoras de los derechos humanos remarcaron que estas medidas fiscales no solo atentan contra el principio de progresividad de los derechos sociales, sino que exponen a las víctimas a un incremento real del riesgo de femicidios ante la falta de refugios seguros y de un monitoreo judicial efectivo sobre los agresores. Mientras los colectivos sociales santiagueños planifican jornadas de visibilización y debate comunitario en defensa de los esquemas de protección, el informe internacional fue remitido de manera formal a las comisiones del Congreso de la Nación para forzar un pedido de informes al Ministerio de Justicia y a las carteras de asistencia social correspondientes.
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