El Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires dictó un trascendental fallo que condena al Estado bonaerense por las graves falencias de sus investigaciones penales. La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Mercedes determinó que la Provincia deberá indemnizar con la suma de $126.800.000, más los intereses acumulados, a Patricia Miriam Larroza, una vecina que permaneció privada de su libertad de manera injusta durante más de dos años.
La causa civil se inició luego de que la mujer fuera absuelta en un juicio oral tras haber sido acusada falsamente de instigar el homicidio de su pareja, Fabián Héctor Martínez, ocurrido en julio de 2013 en el partido de Moreno. Larroza debió afrontar una prisión preventiva calificada ahora como excesiva y carente de fundamentos jurídicos, basada en un andamiaje procesal que colapsó por completo durante el debate en los tribunales.
Una causa armada, inconsistencias y el millonario resarcimiento
El homicidio de Martínez se produjo en ocasión de un violento robo en la vía pública, pero meses después la Fiscalía ordenó la detención de la mujer a partir de los dichos de un testigo de identidad reservada. Sin embargo, durante el juicio sustanciado en octubre de 2015 por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 4 de Mercedes, se descubrió que el denunciante integraba una red dedicada a la fabricación de causas judiciales falsas y que los instructores policiales omitieron verificar la veracidad de su testimonio.
"La Sala I de la Cámara de Apelación concluyó que la prisión preventiva vulneró de forma directa los derechos constitucionales de la damnificada", explicaron fuentes tribunalicias sobre los fundamentos del dictamen.
Ante la contundencia de las pruebas que daban cuenta de la maniobra delictiva para incriminarla, el propio fiscal de juicio decidió retirar la acusación pública, permitiendo que Larroza recuperara de inmediato su libertad. A trece años del hecho criminal original, el reciente pronunciamiento de la alzada civil convalida el reclamo por daños y perjuicios ante el grave error judicial, mientras que los verdaderos autores materiales del asesinato continúan en la impunidad.
