La Justicia provincial lleva adelante una investigación penal de grandes proporciones económicas y estructurales. La fiscal Celia Mussi y el abogado querellante Gabriel Coronel Chalfón comandan el legajo que busca determinar los alcances de un fraude financiero que superaría los 5 mil millones de pesos. La principal apuntada por la maniobra delictiva es Nora Isabel Villarroya, una mujer que ejercía funciones de asesoría contable sin poseer la matrícula profesional habilitante y que actualmente permanece en condición de prófuga.
Poder absoluto y desfalco de bienes
La maniobra delictiva comenzó a ventilarse en los tribunales a partir de una denuncia formulada por Ángela Sánchez, representante legal de la firma agropecuaria DEJDE S.R.L., radicada en la ciudad de La Banda. Los damnificados le habían delegado a Villarroya un poder general de administración y el manejo exclusivo de sus claves fiscales. Munida de estas atribuciones confidenciales, la acusada habría gestionado millonarios préstamos bancarios inconsultos, transferido una cosechadora de gran valor y concretado la enajenación irregular de una cabaña de la empresa situada en Córdoba.
Los propietarios descubrieron el accionar ilícito cuando una vecina de la provincia mediterránea los alertó de que personas extrañas estaban forzando las cerraduras del inmueble vacacional. Al auditar las operaciones, la firma constató que la sospechosa ya había escriturado la propiedad a nombre de terceros. Ante las exigencias de rendición de cuentas, la mujer interrumpió el diálogo y desapareció, provocando la revocación inmediata del poder en el mes de marzo.
Allanamiento fallido y temor de fuga
El juez de Control y Garantías, Héctor Salomón, hizo lugar a los requerimientos de la fiscalía y dictó la orden de detención de la falsa profesional, junto con el allanamiento de un departamento ubicado en calle Misiones de la capital provincial, procedimiento que arrojó resultados infructuosos debido a la ausencia de la imputada. Por su parte, el abogado defensor de Villarroya, Manuel Zavalía, interpuso un pedido de eximición de prisión que fue rechazado en primera instancia y cuya apelación se dirime actualmente en la Cámara de Apelaciones.
La representación de la querella adelantó que, ante la elevada solvencia económica de la investigada, solicitarán informes urgentes a la Dirección Nacional de Migraciones para verificar si la mujer abandonó el territorio nacional o si articuló la maniobra con cómplices locales.
