El escenario judicial y patrimonial de la expresidenta de la Nación sumó nuevas e importantes definiciones. Tras conocerse el fallo que ordenó la restitución de la asignación mensual que percibía en carácter de cónyuge supérstite del exmandatario Néstor Kirchner, el Ministerio de Capital Humano anticipó que acatará la resolución de la Cámara Federal de la Seguridad Social, pero ejecutará un descuento millonario inmediato sobre los haberes de la presidenta del Partido Justicialista.
Según confirmaron fuentes oficiales de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), la quita dispuesta ascenderá a 3.136.630 pesos mensuales, sobre un haber bruto total fijado en 15.683.154 pesos. La medida administrativa responde de forma directa a la actual condición de detención de la dirigente. Las autoridades explicaron que los descuentos contemplan las retenciones de ley por aportes a la obra social e Impuesto a las Ganancias y, fundamentalmente, la quita del beneficio por arraigo en "zona austral", debido a que Cristina Kirchner se encuentra cumpliendo arresto domiciliario efectivo en su propiedad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El Estado aspira a retener por esta vía una cifra global cercana a los 660 millones de pesos percibidos de forma indebida en concepto de dicho adicional geográfico.
Revés en la Corte Suprema por el decomiso de Vialidad
De forma paralela, la situación económica de la exjefa de Estado sufrió un durísimo impacto en los tribunales de máxima instancia. La Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó un recurso de queja y dejó firme la actualización del monto del decomiso civil en el marco de la causa "Vialidad".
Los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron por inadmisibles los planteos técnicos presentados por los abogados de la exmandataria y del empresario Lázaro Báez. Con esta resolución general, la cifra del embargo y decomiso definitivo escaló de los 85.000 millones de pesos originales a un total actualizado de 685.000 millones de pesos, ratificando de forma unánime el mecanismo de indexación que había sido impugnado por los condenados.
Casación rechazó flexibilizar las condiciones de detención
En el plano estrictamente penal, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal clausuró las intenciones de la defensa de morigerar el régimen de reclusión que pesa sobre la exvicepresidenta. Con el voto mayoritario de los magistrados Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, el tribunal de alzada rechazó el recurso de apelación y ratificó en todos sus términos las disposiciones fijadas originalmente por el Tribunal Oral Federal N° 2.
Las autoridades judiciales entendieron que el mero transcurso del tiempo y la buena conducta de la interna en el edificio de la calle San José al 1111 no configuran elementos suficientes para alterar el régimen de ejecución de la pena.
De esta manera, los jueces mantuvieron sin modificaciones de fondo la obligatoriedad de portar la tobillera electrónica de monitoreo geoespacial, la exigencia de tramitar autorizaciones judiciales previas de forma escrita para recibir visitas particulares de terceros y la plena vigencia de las restricciones horarias preestablecidas para que la condenada pueda acceder a la terraza de la unidad habitacional.
