La investigación judicial que pesa sobre el exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, entrará en una etapa decisiva tras la finalización de la feria judicial de invierno. La fiscalía a cargo de Gerardo Pollicita se encuentra a la espera del informe final de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), documento que servirá de base para el requerimiento de justificación patrimonial del exfuncionario.
Informe clave y pasos procesales
La actividad judicial retomará su ritmo normal el 3 de agosto. Para esa fecha, se estima que el fiscal Pollicita formalizará el pedido para que Adorni detalle el origen de sus bienes, tras haber analizado minuciosamente la evolución financiera del exvocero y su esposa, Betina Angeletti.
El proceso es claro: si las explicaciones brindadas por Adorni no resultan convincentes o no logran respaldar documentalmente sus adquisiciones, el fiscal solicitará al juez Ariel Lijo que lo cite a prestar declaración indagatoria.
Los puntos bajo la lupa
La causa, que ya cuenta con abundante prueba documental y testimonial, se centra en gastos y movimientos que contrastan con los ingresos declarados. Entre los elementos que figuran en el expediente, destacan:
Gastos de lujo: Compras millonarias en ropa blanca, equipamiento para videojuegos y refacciones costosas en su propiedad en el country Indio Cuá, incluyendo una cascada para su piscina.
Deudas y consumos: Registros de deudas por 335 mil dólares y gastos con tarjetas de crédito personales y de terceros vinculados al área de Comunicación del gobierno.
Criptomonedas: Información remitida por plataformas como Binance y Lemon Cash sobre las cuentas del exfuncionario.
La defensa de Adorni
Ante las acusaciones, Adorni ha sostenido públicamente que su nivel de vida responde a "ahorros en negro" previos a su ingreso a la función pública, inversiones en Bitcoin realizadas desde 2012 y dinero heredado. Sin embargo, la justicia le exigirá ahora una justificación técnica y verificable, punto por punto, para determinar si su crecimiento económico desde diciembre de 2023 es compatible con sus ingresos como funcionario público.
