El escenario político y social en el país andino ingresó en una fase de extrema complejidad institucional. En una sesión virtual que se extendió por más de cinco horas, la Cámara Baja aprobó por más de dos tercios de los votos la abrogación de la Ley 1.341, una normativa que desde octubre de 2020 limitaba severamente el accionar de los efectivos militares frente a manifestaciones públicas, condicionando su despliegue únicamente a situaciones donde la Policía fuera totalmente rebasada.
La aprobación parlamentaria se produjo bajo una modalidad de debate no presencial debido a que los masivos bloqueos de carreteras impidieron el traslado físico de numerosos legisladores hacia La Paz, sede de los poderes Ejecutivo y Legislativo.
"Bajo la legislación que regía desde el período de transición, el Poder Ejecutivo se encontraba atado de manos para reestablecer el orden. Esta determinación legislativa remueve el principal obstáculo jurídico para garantizar el libre tránsito."
Desabastecimiento en ciudades clave y tensión en las rutas
Los parlamentarios que impulsaron la anulación de la denominada "Ley Copa" argumentaron que la medida es de carácter urgente ante el agudo desabastecimiento de alimentos, combustibles e insumos médicos que padecen los centros urbanos más poblados del altiplano, entre ellos La Paz, El Alto y Oruro. El corte de las rutas troncales, que ya se extiende por varias semanas, mantiene a estas regiones prácticamente aisladas del resto de la geografía boliviana.
Las movilizaciones son encabezadas por sindicatos campesinos, organizaciones vinculadas a la Central Obrera Boliviana y sectores afines al expresidente Evo Morales, quienes exigen la renuncia inmediata del presidente Paz, responsabilizándolo por la crisis económica y los problemas de distribución energética.
