El Poder Ejecutivo Nacional oficializó una millonaria asistencia estatal orientada a contener la delicada realidad operativa de la mayor obra social del país. La decisión administrativa busca responder de manera urgente a los generalizados reclamos de los beneficiarios por deficiencias prestacionales y deudas acumuladas con la cadena de laboratorios y proveedores médicos.
Los motivos de la asistencia de urgencia
Según consta en los considerandos de la medida, el desembolso tiene como propósito central que el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) pueda “atender obligaciones asumidas con prestadores y proveedores y garantizar la continuidad de las prestaciones y servicios a su cargo”. El propio texto oficial reconoce que la obra social atraviesa una “crítica situación financiera” que ponía en riesgo la atención de la clase pasiva.
Para materializar este rescate económico, el Palacio de Hacienda dispuso recurrir al financiamiento público. La operatoria se concretó a través de la Resolución Conjunta 26/2026 de las secretarías de Finanzas y de Hacienda publicada en el Boletín Oficial, lo que implica que el Estado nacional absorberá nueva deuda para sostener el normal funcionamiento del organismo de previsión.
Esquema de pago y emisión de letras
El financiamiento se estructurará mediante la ampliación de emisión de tres series de Letras del Tesoro Nacional Capitalizables en pesos (LECAPS) con vencimientos pautados dentro del presente ejercicio fiscal:
Primer tramo (33%): Instrumentado con letras que vencen el 31 de julio de 2026, por un valor nominal de $173.672.159.684.
Segundo tramo (33%): Cubierto con títulos con vencimiento al 31 de agosto de 2026, por un monto nominal de $164.037.509.356.
Tercer tramo (34%): Se completará con instrumentos que caducan el 30 de septiembre de 2026, representando una suma nominal de $187.363.497.440.
El dictamen aclara que los activos financieros serán liquidados a su valor técnico calculado al pasado 18 de mayo. En cumplimiento estricto con la Ley de Presupuesto General de Gastos para el año 2026, estos pasivos deberán ser cancelados e integrados en su totalidad antes del cierre del actual período económico nacional. La normativa lleva las rúbricas formales de los secretarios Federico Furiase (Finanzas) y Carlos Guberman (Hacienda).
