La investigación judicial por el presunto fraude en Fürth Automotores ingresó en una etapa clave tras la declaración de uno de los propietarios de la concesionaria, quien compareció ante los fiscales que llevan adelante la causa y aportó detalles sobre el funcionamiento interno de la empresa.
Durante varias horas, el empresario explicó cómo operaba el circuito comercial y administrativo de la firma ubicada sobre avenida Libertad, testimonio que fue incorporado al expediente como una de las principales pruebas para intentar reconstruir las maniobras que se investigan.
Una auditoría externa para reconstruir las operaciones
En su declaración, el directivo confirmó que la concesionaria contrató a un auditor especializado de Buenos Aires, quien tendrá la tarea de revisar todas las operaciones realizadas dentro de la empresa.
El objetivo será determinar con precisión el monto del presunto perjuicio económico y detectar posibles irregularidades que hayan permanecido ocultas durante años.
Aunque oficialmente no existe una cifra definitiva, dentro de la firma sostienen que el daño patrimonial superaría los 300 millones de pesos. Sin embargo, investigadores vinculados al área de Delitos Económicos consideran que esa suma podría incrementarse si se comprueba que las maniobras investigadas se extendieron durante un largo período.
La diferencia en el stock, uno de los puntos bajo análisis
Entre los aspectos que concentran la atención de los investigadores figura la diferencia detectada entre el stock informado en el sistema y la cantidad real de vehículos disponibles.
Las primeras verificaciones hablan de unas 700 unidades cuya situación será revisada durante la auditoría para determinar si existen inconsistencias en los registros internos.
Cómo comenzó la investigación
El caso tomó estado público el 15 de julio, cuando trascendió que la empresa había iniciado un sumario interno tras detectar un importante desequilibrio financiero que, inicialmente, fue atribuido a la caída de las ventas.
Con el avance de esa investigación administrativa, la firma resolvió despedir a dos empleadas y al entonces jefe de Ventas, Matías Llado, situación que posteriormente dio origen a la causa penal que actualmente investiga la Justicia.
La situación judicial
Mientras avanza la recolección de pruebas, la defensa de Llado, representada por el abogado Miguel Torres, solicitó la eximición de prisión y pidió que también se investigue la actuación del gerente general de la concesionaria.
Ese planteo fue rechazado por la jueza de Control y Garantías Carolina Salas.
Por su parte, el fiscal Diego Cortés adelantó que la investigación continúa en pleno desarrollo y no descartó nuevas imputaciones, allanamientos y otras medidas procesales a medida que avance el expediente.
Con la declaración de uno de los propietarios y el inicio de la auditoría externa, la Justicia busca establecer cómo se habrían concretado las presuntas maniobras, cuál fue el verdadero alcance del perjuicio económico y si existieron otros posibles responsables dentro de la estructura de la empresa.
