En una resolución de alto impacto judicial, el juez de Control y Garantías, Dr. Héctor Salomón, dictó la prisión preventiva por el término de tres meses para el empresario Ramiro Petros. La medida, solicitada por la fiscal Luciana Jacobo, ratifica la situación de detención del imputado, quien está procesado como presunto coautor de los delitos de estafa, amenazas y portación de arma de fuego de uso civil condicional.
Rechazo a las nulidades y riesgos procesales
Durante la audiencia, el magistrado desestimó los planteos de nulidad interpuestos por las abogadas defensoras, las Dras. Moira Curi y Silvia Abalovich. El juez consideró que el proceso se desarrolló bajo estricto control jurisdiccional y que se respetaron todas las garantías constitucionales del imputado. Asimismo, denegó el pedido de desglose de escuchas telefónicas provenientes de la Justicia Federal, vinculadas a causas por presunto lavado de activos y evasión tributaria, al entender que su incorporación fue legal.
La resolución de mantener la medida de coerción se fundamenta en la persistencia de riesgos procesales, dada la complejidad de la causa que involucra múltiples damnificados. Según la investigación, las maniobras delictivas consistían en estafas millonarias mediante la entrega de cheques sin fondos y falsas inversiones en la comercialización de automóviles de alta gama.
Situación de detención y cambio de domicilio
A pesar de la prisión preventiva, el magistrado resolvió mantener la modalidad de arresto domiciliario, fundamentado en el estado de salud de Petros y de sus progenitores. Cabe recordar que en este mismo legajo también estuvo implicada la contadora Soledad Castelli, quien recuperó su libertad a fines del año pasado.
Finalmente, el juez autorizó un cambio en el lugar de cumplimiento de la medida. El empresario se trasladará desde su anterior residencia en el barrio Belgrano hacia un edificio ubicado sobre la avenida Belgrano, en pleno centro de la ciudad Capital, donde permanecerá bajo custodia mientras continúa el proceso judicial.
