La Comisión de Legislación Penal, bajo la conducción de la diputada Laura Rodríguez Machado, se reunirá a partir del mediodía para poner en marcha el tratamiento de la denominada "ley anti barras" redactada por el Poder Ejecutivo. El oficialismo fundamenta la urgencia del debate en la exposición internacional de estos grupos, potenciada por sospechas sobre desvíos ilegales de entradas y recientes disturbios de hinchas argentinos en Estados Unidos.
La columna vertebral de la reforma radica en la incorporación de un tipo penal específico que asimila a las barras con asociaciones delictivas autónomas. Bajo esta tipificación, se incrementarán de manera drástica los montos de las penas para quienes protagonicen incidentes violentos, entendiendo que estas agrupaciones desarrollan actividades delictivas permanentes que exceden el marco temporal y geográfico de un partido de fútbol.
La propuesta oficial establece penas de hasta seis años de prisión para los directivos de entidades deportivas que mantengan lazos comerciales, distribuyan boletos de favor o brinden cualquier tipo de soporte a los barras.
Tipificaciones penales y control logístico
El articulado de la ley busca erradicar las fuentes de financiamiento espurio y los factores de riesgo físico en las inmediaciones de los estadios mediante severas penalidades:
Comercialización apócrifa: Introduce castigos severos contra la reventa ilegal de tickets y los circuitos cerrados de distribución irregular de entradas que alimentan las cajas negras de los clubes.
Controles de accesos: Fija penas específicas para aquellos concurrentes que pretendan sortear los perímetros de seguridad portando armas de fuego, material explosivo u objetos cortantes.
Lucha territorial: El marco legal apunta a neutralizar las amenazas, las disputas por el control de las tribunas y los delitos conexos que golpean habitualmente a los vecindarios linderos a las canchas.
