Por Gabriel Alvarez:
Es difícil digerir que ayer hayamos vivido la cuarta marcha universitaria. Llegar a este número es el síntoma más claro de un fracaso compartido: la incapacidad de las autoridades de la universidades y el Gobierno Nacional para hallar un punto de entendimiento. Pero más allá de la política, hay un imperativo legal que no admite interpretaciones: el Gobierno debe cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario. En un país donde los fallos judiciales y las leyes parecen ser meras sugerencias, debemos recordar que el respeto a la norma no es optativo.
Entiendo el contexto. Sé que Argentina es un país fundido, devastado no solo por malas gestiones, sino por administraciones de delincuentes que nos dejaron una realidad inadmisible: salud en ruinas, jubilaciones miserables y un "choreo generalizado". Sin embargo, la crisis no puede ser la excusa eterna para desfinanciar el futuro.
El desfile de los oportunistas
Lo que empaña la legitimidad del reclamo es la aparición de ciertas caras oportunistas en la movilización. Resulta indignante ver a figuras del gobierno anterior, esos que le metieron un guadañazo de 70 mil millones de pesos a la educación, marchando hoy con cara de circunstancia. ¿Eso exime al actual Gobierno? En absoluto. Pero sí sirve para identificar a los políticos que se suben a caballos que no les pertenecen.
La CGT, el gobernador de Buenos Aires, el kirchnerismo y La Cámpora... todos formaron parte de un sistema que también recortó. Hoy se visten de defensores de lo que ayer ajustaron. Necesitamos sacar de circulación el oportunismo para que el reclamo sea puro.
Prioridades, límites y decencia
"La educación es el futuro de Argentina", decimos siempre. Pero para que no sea un eslogan vacío, debemos establecer prioridades. Un país educado marca la diferencia, y lo sabemos por nuestros notables que se "deslomaron" (aunque esa palabra ya nos suene a otra cosa) para alcanzar avances mundiales. Hoy, con el financiamiento en aplazo permanente, estamos perdiendo el norte moral.
¿Dónde están los límites?
En que el presupuesto se cumpla en tiempo y forma. En que un docente, un policía o un médico no ganen una miseria frente a sueldos políticos de privilegio. En combatir la corrupción del pasado y del presente.
Es inadmisible que mientras se ajusta la universidad, descubramos sobrecostos del 4.239% en insumos ortopédicos. Hay que ser muy mal nacido para robar con una silla de ruedas. Esa es la plata que falta en las aulas. Si los órganos de control no vieron ese desfalco, todos esos inútiles deberían ser echados del Estado.
El valor de la verdad
Ayer se marchó por el futuro de quienes deciden alimentar su alma y su cabeza. Pero el horizonte es sombrío: tenemos a los del pasado que recortaron 70 mil millones y a los de hoy que, entre internas y versiones cruzadas, recortaron otros 78 mil millones.
Cuando hay dos versiones sobre un mismo tema, alguien no está diciendo la verdad. Aquí lo único concreto es que hay una ley votada por el Congreso y ratificada por la Justicia. Los gobiernos pasan cada cuatro u ocho años; la instrucción y la educación son lo único que queda para toda la vida. Al Gobierno le guste o no, la ley se debe cumplir.
